El oficialismo propone limitar el subsidio del gas a la Patagonia, excluyendo a más de 1 millón de hogares de otras provincias. La medida busca reducir el déficit fiscal y concentrar la asistencia en usuarios vulnerables de zonas con frío extremo
El Gobierno está impulsando una reforma que busca restringir el subsidio de gas del régimen de Zona Fría a las regiones con climas severos. Esta medida afectaría a 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones. La reforma se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, junto a otros proyectos legislativos. Según el mensaje enviado al Congreso, el fondo fiduciario, que se sostiene con un recargo del 7,5% sobre el gas, resulta insuficiente para cubrir los subsidios, lo que ha llevado al Tesoro Nacional a realizar aportes adicionales.
El régimen fue creado en 2002 para compensar las asimetrías tarifarias en las regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al servicio de gas natural a los usuarios residenciales. Sin embargo, su ampliación en 2021 por iniciativa del diputado Máximo Kirchner aumentó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que representa casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red. Este crecimiento incluyó zonas que, según el Gobierno, no presentan condiciones climáticas extremas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que ha llevado a calificar el esquema como “fiscalmente insostenible”.
La exclusión afectaría a 1,2 millones de hogares
La modificación de la norma excluiría a un total de 1,2 millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras provincias que fueron incorporadas en 2021. Se estima que la provincia más afectada será Córdoba. El gobernador Martín Llaryora ha advertido que la reforma podría poner en riesgo el subsidio para “600 mil hogares”, lo que equivale a “casi 2 millones de habitantes” de la provincia.
Llaryora ha calificado la iniciativa como un “daño tremendo” no solo para Córdoba, sino también para Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, San Luis, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy. El mandatario estima que el ajuste representaría “casi $12.000 millones de transferencia directa desde las familias de clase media y hogares de trabajadores”. Ha solicitado que no se elimine la zona fría, que considera una conquista de años, y ha propuesto ampliar el alcance del beneficio en lugar de restringirlo.
Si se aprueba la nueva norma, los usuarios que residan en las zonas excluidas perderán el beneficio, a menos que se inscriban en el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Según el texto oficial del proyecto, podrán continuar recibiendo el subsidio aquellos que demuestren ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales, así como hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad.
Cambios en el esquema de financiamiento y tarifas
El proyecto del Gobierno responde a la dificultad de sostener el fondo fiduciario con el recargo actual del 7,5%. Según la consultora CEPA, la ampliación de 2021 incrementó el costo fiscal sin respetar el criterio climático que justificaba la creación original del régimen, ya que incluyó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia. La reforma propuesta limitaría el beneficio a hogares vulnerables incluidos en el SEF y residentes en zonas efectivamente frías, aunque no se detalla si el fondo fiduciario será suficiente ni se define el monto exacto del subsidio, aspectos que quedarán a criterio del Poder Ejecutivo.
Un estudio de IERAL Fundación Mediterránea estima que un usuario residencial de Bahía Blanca que quede fuera del SEF podría enfrentar un aumento en la factura del gas de hasta el 100%. Aquellos que permanezcan en el sistema focalizado mantendrán el subsidio, aunque también experimentarán aumentos debido al cambio en la base de cálculo. Las subas más significativas recaerán sobre los hogares de las zonas ampliadas que, por sus ingresos, no califiquen para conservar el beneficio.
El Poder Ejecutivo no ha especificado cómo afectará la reforma a entidades de bien público, como clubes y parroquias, ni ha comprometido la ejecución de nuevas obras de infraestructura relacionadas con el acceso al gas. Además, el monto final del subsidio no será fijado por ley, sino ajustado por el Poder Ejecutivo. Así, de aprobarse la reforma, solo se subsidiará el consumo de gas efectivo en sectores identificados como vulnerables y localizados en zonas de clima severo.
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