El superávit fiscal alcanzado en enero es un logro del equipo económico liderado por Luis Caputo. Sin embargo, los analistas advierten que el Gobierno se enfrenta a importantes desafíos para mantener el equilibrio en las cuentas públicas y deberá buscar nuevas alternativas para aumentar los ingresos extra del Tesoro, en línea con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Resultados y contexto
El Ministerio de Economía reportó un excedente primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones en el primer mes de 2026. Sin embargo, Caputo destacó que estos resultados incluyeron ingresos extraordinarios de $1.039.903 millones provenientes de la licitación de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin estos ingresos, el superávit primario habría sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de apenas $65.256 millones.
Este balance positivo se logró en un contexto donde la recaudación muestra señales de debilidad y el gasto público ha sido recortado en áreas clave. A corto plazo, el Gobierno deberá enfrentar obstáculos que condicionan el cumplimiento de los objetivos fiscales para el resto del año.
Desafíos fiscales y proyecciones
De acuerdo con la consultora LCG, el presupuesto de 2026 aprobado en el Congreso requiere un esfuerzo fiscal mayor que el del año anterior. La administración nacional debe enfrentar este desafío en un escenario de ingresos decrecientes, principalmente por la reducción de retenciones y cambios en la coparticipación impositiva. LCG señala que la disminución de retenciones implica una caída de 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las modificaciones en los impuestos coparticipados y la reasignación de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) representan una reducción adicional de 0,38% del PBI.
“La mejora se dio aun cuando los ingresos fiscales cayeron 1% anual real. Los recursos tributarios cayeron 8% anual real, pero fueron compensados por el ingreso extraordinario de la venta de acciones de centrales hidroeléctricas, que explicó un tercio del resultado fiscal”, detalla el informe. Sin embargo, estos ingresos son excepcionales y no se consideran una fuente recurrente para los próximos meses. Si el equipo económico no encuentra nuevas vías de financiamiento, la presión sobre el ajuste del gasto aumentará.
Estructura del gasto y tensiones
La estructura del gasto muestra nuevas tensiones. Aunque el gasto primario se contrajo 1% real anual gracias a recortes en programas sociales y gastos operativos, las jubilaciones y asignaciones familiares, que se ajustan automáticamente, aumentaron en términos reales, ejerciendo presión sobre el presupuesto. LCG destaca que los subsidios energéticos crecieron 191% real anual, mientras que el gasto en obra pública disminuyó 36% en el mismo período.
Además, el Gobierno incrementó las transferencias a las provincias, que crecieron 32% real anual durante las negociaciones de sesiones extraordinarias. Esto se suma a un conflicto por el giro de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que no recibió los montos dispuestos por la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generando acumulación de deudas y distorsionando los resultados fiscales.
La vía de las privatizaciones
Ante la negativa del Poder Ejecutivo a elevar impuestos, la brecha entre menores ingresos y mayores gastos obliga al Ministerio de Economía a buscar alternativas para financiar el déficit sin modificar la carga tributaria. En este contexto, las privatizaciones de empresas estatales emergen como una vía para obtener ingresos adicionales y cumplir con las metas fiscales.
El Ejecutivo está centrando su atención en Intercargo y Transener, con el objetivo de avanzar en su privatización y facilitar el proceso para que Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) también sea transferida al sector privado. Se estima que la venta de estas empresas podría aportar recursos frescos y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos ante organismos multilaterales.
El proceso de privatización, dirigido por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, forma parte de un paquete de medidas para fortalecer las cuentas públicas y cumplir con las obligaciones contraídas ante organismos internacionales. Sin embargo, el margen para nuevos recortes en el gasto es limitado, especialmente en áreas como jubilaciones y subsidios energéticos, que ya muestran incrementos reales.
Compromisos con el FMI
A pesar de un nuevo resultado favorable, el Gobierno enfrenta la necesidad de renegociar con el FMI la meta fiscal prevista para este año, considerada difícil de alcanzar, junto con el objetivo de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Una delegación técnica del FMI llegó a Buenos Aires para analizar los datos y proyecciones oficiales, enfocándose en la meta de acumulación de reservas, que Argentina no logró cumplir a fines de 2025.
El equipo encabezado por Caputo ha mantenido reuniones con funcionarios del FMI, y aunque la misión concluyó, las negociaciones continuarán. Especialistas advierten que el objetivo de equilibrio fiscal para 2026, establecido en 2,2% del PIB, representa un desafío, dada la baja en la recaudación y el escaso margen para recortar el gasto público.
Durante los dos años de gestión, el Gobierno ha reportado resultados positivos, con un superávit fiscal tanto en el resultado primario como en el financiero. El ejercicio 2025 terminó con un saldo primario de $11.769.219 millones (1,4% del PIB) y un superávit financiero de $1.453.819 millones (0,2% del PIB), marcando el segundo año consecutivo con balances positivos.
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