La medida se hizo oficial este viernes mediante una resolución en el Boletín Oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado
El Gobierno argentino ha implementado una nueva normativa que restringe las contrataciones de asesores y consultores en la administración pública, lo que representa un nuevo paso en la reestructuración del Estado. Esta medida fue formalizada a través de la Resolución 30/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que sustituye a la anterior Resolución 729 de 2017, promulgada durante el mandato de Mauricio Macri.
Detalles del nuevo régimen de contrataciones de asesores y consultores en la administración pública
La normativa actualizada modifica los Anexos I y IV de la Resolución 729/2017 y se alinea con el Decreto 585/2024, cuyo objetivo es modernizar el empleo público en un contexto de transformación administrativa. Este nuevo marco redefine los criterios para la contratación de consultores, asesores y asistentes, buscando optimizar la selección y gestión del personal involucrado en proyectos especiales.
Los consultores tendrán la responsabilidad de liderar proyectos estratégicos, diseñar planes de trabajo y establecer indicadores para evaluar el progreso de los objetivos. Para ello, se requiere una formación universitaria de al menos cuatro años y experiencia profesional que varía según el nivel de contratación, además de aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias (SEP).
Por su parte, los asesores se encargarán de realizar diagnósticos, diseñar procedimientos y analizar información. Los requisitos para este rol son más flexibles, permitiendo títulos terciarios o incluso secundarios, siempre que estén respaldados por una experiencia laboral significativa y avalada por informes específicos.
Los asistentes, en cambio, brindarán apoyo técnico en tareas como el análisis de datos y la redacción de informes, requiriendo una titulación secundaria y experiencia proporcional a las funciones desempeñadas.
La resolución entrará en vigor el 27 de diciembre de 2024, en un contexto de ajuste significativo en el sector público. Desde diciembre de 2023, el Gobierno ha desvinculado a más de 34,000 trabajadores, lo que representa una reducción del 7% en la plantilla estatal.
Este recorte es parte de las políticas de austeridad impulsadas por la administración de Javier Milei, que incluyen despidos, finalización de contratos y una reestructuración general que ha impactado tanto a empleados permanentes como a contratados en diversas modalidades.
La Administración Pública Nacional (APN) ha sido una de las áreas más afectadas, con una disminución aproximada de 20,000 puestos, generando un ahorro de más de 3,800 millones de dólares. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, se ha observado una caída del 3.6% en los trabajadores de planta permanente y transitoria, mientras que los contratos bajo la Ley Marco y las vinculaciones LOYS (monotributistas) han sufrido caídas del 17.8% y 51.9%, respectivamente. Según el Ejecutivo, estos ajustes son necesarios para reducir el déficit, transparentar el gasto público y equilibrar las cuentas estatales.
El impacto de esta política también ha alcanzado la estructura ministerial, que se ha reducido a solo ocho ministerios, y ha llevado a la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Otros entes, como el Conicet y la ANMAT, han enfrentado reestructuraciones que han resultado en importantes reducciones de personal.
Además, el Gobierno ha implementado exámenes de idoneidad obligatorios para cerca de 40,000 empleados con contratos temporales, quienes deberán aprobar estas evaluaciones para asegurar la continuidad de sus funciones. También se ha instado a 10,000 trabajadores de planta permanente a iniciar los trámites jubilatorios si cumplen con los requisitos, como parte de un plan general para optimizar la estructura estatal.
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