El Gobierno argentino, impulsado por sus recientes éxitos legislativos, está considerando la posibilidad de llevar a cabo una reforma electoral 2027. Aunque aún no se han tomado decisiones definitivas, han tenido lugar conversaciones preliminares entre miembros del equipo del presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
Contexto y objetivos de la reforma electoral
La administración actual está convencida de que las reformas significativas deben implementarse de manera secuencial para que puedan tener un impacto positivo en su programa económico. Javier Milei ha manifestado que, tras la aprobación de la reforma laboral, se acelerará el proyecto impositivo, creando las condiciones necesarias para discutir una reforma previsional hacia finales de 2027.
Para que esto se materialice, La Libertad Avanza debe ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año. Por ello, el oficialismo está manteniendo discusiones sobre temas que van más allá de lo económico y que se centran en cuestiones políticas.
En una reunión reciente en la Casa Rosada, varios integrantes de la Mesa Política discutieron la posibilidad de diseñar una reforma política con vistas a las elecciones de 2027. Una fuente cercana al Gobierno confirmó que “no está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”.
Proyectos en agenda
El Gobierno tiene una amplia lista de proyectos que deben ser tramitados en el Congreso, incluyendo la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. También se deben abordar en comisiones los detalles del tratado comercial con Estados Unidos y otros temas relevantes.
Una figura del entorno presidencial ha expresado que sería positivo iniciar la discusión sobre una reforma electoral 2027 al comienzo de las sesiones ordinarias. Sin embargo, aún no hay un consenso claro sobre qué propuestas podrían ser oportunas en los próximos meses.
Entre las propuestas que están siendo consideradas, se encuentran:
- La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 o su eliminación directa.
- Modificar la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
- Incorporar en la Boleta Única Papel (BUP) un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca.
Por el momento, el calendario electoral de 2027 contempla la realización de las PASO, ya que lo que se aprobó a principios de 2025 fue su suspensión temporal. El proyecto original del Gobierno proponía su eliminación, pero no logró suficiente apoyo.
Motivaciones detrás de la reforma
El Gobierno tiene varios motivos para considerar la propuesta de eliminar las PASO. Uno de ellos es el argumento de que esta instancia electoral representa un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a asumir, en un contexto donde se busca mantener una política de déficit cero.
La Libertad Avanza, por su parte, no tiene necesidad de realizar internas, dado que su estructura es altamente verticalista, con el poder de designación de candidaturas en manos de su presidenta, Karina Milei. Las internas a través de PASO solo se discutirían en provincias que ya tienen este esquema para la elección de cargos locales.
La ausencia de PASO en 2027 significaría que las opciones opositoras al Gobierno tendrían que organizarse directamente para las elecciones generales. Esto podría llevar a una coalición o ampliación de fuerzas por parte de sectores vinculados a Axel Kicillof, buscando polarizar con Milei.
Además, varios miembros del Gobierno desean que la BUP del próximo año incluya un casillero para votar la lista completa. En total, todos los distritos elegirán Presidente, Vicepresidente, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales, con algunas provincias sumando la categoría de Senadores Nacionales.
Finalmente, el Gobierno podría avanzar en una reforma del financiamiento de los partidos políticos, eliminando el aporte extraordinario del Estado para las campañas electorales, manteniendo solo el Fondo Partidario Permanente.
Con estas propuestas, el Gobierno busca reducir el número de espacios electorales y endurecer las reglas para la caducidad de los partidos políticos, estableciendo requisitos más estrictos para su creación y mantenimiento.
Esto es parte de una estrategia que no tendría implicaciones para las elecciones de 2025, sino que se proyecta hacia el 2027 y más allá.
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