El Gobierno argentino, desde la Casa Rosada, ha manifestado que no se deben implementar políticas adicionales para abordar la crisis de empleo en el sector industrial. Según fuentes cercanas al presidente Javier Milei, “hay otros actores que están en deuda para aliviar la situación de las empresas”.
Un ejemplo de la política de apertura que se promueve es la reciente licitación que perdió la empresa Techint frente a la india Welspun, donde se celebró el resultado no por la pérdida de una compañía nacional, sino porque la oferta de Techint se redujo significativamente tras la competencia extranjera.
Transición hacia un modelo macroeconómico más abierto
Recientemente, el Gobierno comunicó que durante este y el próximo año se llevará a cabo un período de transición del modelo macroeconómico, pasando de uno más cerrado a otro más abierto. Durante este proceso, se anticipa que se eliminarán trabajos improductivos, aunque también se crearán nuevos puestos. Sin embargo, se reconoce que las políticas actuales no benefician a las industrias urbanas, sino que favorecen sectores como el agro y la energía.
En este contexto, los funcionarios del entorno de Milei han admitido que la tasa de empleo se verá afectada, pero insisten en que otros actores políticos deben contribuir a “nivelar la cancha” para que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones con países asiáticos.
Un caso relevante es el del ministro Luis Caputo, quien recientemente mencionó que se está dialogando con el sector automotriz para eliminar el 2% de aranceles a la exportación impuestos por el Estado Nacional. “Estamos tratando de bajar a 0%. Pero, ¿saben cuánto les cobran las provincias y municipios? ¡10 puntos de impuestos!”, enfatizó.
Esto indica que la Casa Rosada está dispuesta a discutir ciertas condiciones estructurales, pero no a ofrecer protección sectorizada. “Para que puedan competir con mejores condiciones, también tienen que ayudar las provincias y los municipios con sus respectivos cobros de impuestos”, afirman.
La presión impositiva que ejercen las provincias y los intendentes se considera excesiva, según un alto funcionario del Ministerio de Economía. Además, se prevé que se ejercerá presión sobre las cámaras empresariales para que soliciten a los gobiernos locales que hagan su parte.
Reformas necesarias en el ámbito provincial
El oficialismo contempla que una de las fases del programa de Gobierno debe incluir ajustes en las cuentas subnacionales y municipales. Hasta ahora, el Estado Nacional ha reducido las transferencias a los gobernadores, tanto de manera directa como indirecta, a través de menores inversiones en obras públicas.
Un ejemplo de la complejidad de esta discusión es la reforma laboral, que incluye un artículo sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, lo que podría afectar los ingresos de las provincias. Esta propuesta ha generado un amplio rechazo entre los gobernadores, lo que podría llevar a que se retire si se mantiene en su forma actual.
Preparativos para implementar el modelo Milei en las provincias
Al postularse a la presidencia, Milei delineó una hoja de ruta sobre cómo podría gobernar. Sin embargo, La Libertad Avanza aún no ha definido un esquema claro para gestionar en las provincias, donde se manejan asuntos cotidianos que varían significativamente de los nacionales.
Recientemente, algunos dirigentes libertarios han comenzado a trabajar en propuestas. Por ejemplo, los libertarios de Buenos Aires, liderados por Pilar Ramírez, planean presentar una Ley Bases adaptada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, ha organizado jornadas de debate para proponer políticas públicas de cara al 2027.
En el ámbito económico, la Fundación Faro, liderada por Santiago Caputo, ha creado un “Consejo de la Libertad”, compuesto por 24 referentes de diferentes provincias que impulsarán reformas libertarias a nivel local.
El mismo Milei había anunciado hace medio año que a través de este consejo se crearán iniciativas que busquen iluminar cada rincón de Argentina con ideas de libertad. “Si nuestras metas son reducir impuestos y hacer nuestra economía más libre y competitiva, necesitamos entender la realidad de cada provincia”, concluyó.
La recaudación tributaria en Argentina se distribuye entre el gobierno nacional, ANSES, provincias y municipios. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), existen 155 impuestos diferentes, de los cuales 85 son municipales, 25 provinciales y 45 nacionales.
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