El ministro de Economía, Luis Caputo, puso a las privatizaciones en el centro de la estrategia financiera del Gobierno nacional. En los últimos días presentó el programa de financiamiento para 2026 y 2027, y anticipó que el Ejecutivo espera obtener u$s2.300 millones mediante la venta de activos estatales. Esos recursos se destinarán a reforzar el pago de vencimientos de deuda en un año marcado por el calendario electoral.
El esquema prevé ingresos por u$s800 millones en 2026 y otros u$s1.500 millones en 2027. Estos montos se sumarán a otras fuentes de financiamiento, como colocaciones de deuda en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales, futuras emisiones de bonos en dólares y los desembolsos del programa financiero oficial. La intención declarada del equipo económico es cubrir los compromisos sin recurrir a una nueva emisión internacional, mientras el Gobierno continúa trabajando para reducir el riesgo país y recuperar el acceso al crédito externo en mejores condiciones.
Dentro de ese programa aparecen AySA, Belgrano Cargas, Intercargo y las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, cada proceso avanza a velocidades distintas y con resultados disímiles hasta el momento.
AySA: la más avanzada dentro del plan de privatizaciones
AySA encabeza la hoja de ruta del Gobierno para este 2026. Tras haber sido declarada sujeta a privatización mediante la Ley Bases, el Ejecutivo avanzó este año con un nuevo decreto que habilitó la transferencia del 90% del capital accionario. En las últimas semanas el proceso registró nuevos movimientos: la apertura de ofertas está prevista para fines de agosto y el Gobierno apeló la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que había frenado transitoriamente el proceso.
Ese fallo no debería alterar el cronograma previsto, ya que fue dictado por la Justicia bonaerense sobre una cuestión regulada por una norma de alcance federal como la Ley Bases, aprobada por el Congreso Nacional por mayoría. La licitación se realizará sin precio base. El pliego exige que el comprador acredite experiencia comprobable en la gestión de sistemas de agua potable y saneamiento, permite la participación de consorcios y fondos de inversión, pero excluye a empresas controladas por Estados extranjeros, firmas sancionadas por organismos internacionales, compañías en quiebra o con antecedentes de corrupción.
El esquema contempla dos etapas: primero se venderá al menos el 51% a un operador estratégico mediante licitación y luego se colocará el resto de las acciones estatales en el mercado de capitales. Actualmente, AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura superior al 85% en agua potable y al 70% en saneamiento.
Belgrano Cargas e Intercargo: dos situaciones opuestas
Belgrano Cargas, próximo a salir a licitación
Belgrano Cargas es otro de los procesos más avanzados. Los pliegos ya atraviesan la revisión final y solo resta la firma del ministro Caputo para su publicación. Una vez publicados, comenzará un plazo de aproximadamente 90 días para la presentación de ofertas, con la intención oficial de adjudicar la concesión antes de fin de año.
La licitación dividirá el negocio en tres procesos independientes: administración de vías, talleres y material rodante. Además, implementará el sistema de acceso abierto, que permitirá que distintos operadores utilicen la red ferroviaria mediante el pago de un canon. El proyecto despierta interés entre grandes exportadoras de granos y empresas del sector logístico, aunque requerirá inversiones de cientos de millones de dólares para renovar infraestructura, locomotoras y vagones, y ampliar la capacidad de transporte.
Intercargo: licitación desierta y futuro incierto
El caso de Intercargo muestra un escenario marcadamente diferente. La licitación realizada el pasado 25 de julio quedó desierta luego de que ningún interesado presentara ofertas válidas. La apertura de sobres había sido postergada en dos oportunidades y finalmente ningún privado cumplió con los requisitos técnicos y económicos establecidos para quedarse con la empresa estatal que presta servicios de rampa en los 21 principales aeropuertos del país. El Gobierno deberá ahora definir si modifica las condiciones del proceso o convoca a una nueva licitación.
Las privatizaciones pendientes: centrales termoeléctricas, NASA y Metrogas
En cuanto a las centrales General San Martín y Manuel Belgrano, el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar. Los equipos técnicos trabajan en la elaboración de los pliegos y la documentación necesaria para lanzar las licitaciones en los próximos meses.
Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) mantiene vigente el decreto que habilita la privatización parcial del 44% del capital, aunque el proceso quedó momentáneamente en pausa tras cambios en la conducción de la empresa y la revisión del plan nuclear oficial.
Finalmente, queda pendiente la venta de Metrogas por parte de YPF, que mantiene una participación del 70% en la distribuidora. El proceso se encuentra en etapa de due diligence tras recibir ofertas no vinculantes de 13 empresas. La operación es asesorada por Citigroup y podría concretarse durante 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Un cronograma que depende de la voluntad política y los tiempos administrativos
En este escenario, todo indica que AySA y Belgrano Cargas son los procesos con mayores chances de concretarse antes de fin de año, dado el mayor grado de avance que presentan en términos administrativos y técnicos. Sin embargo, cualquier solicitud de prórroga por parte de los interesados o eventuales demoras en los procedimientos podría correr el cronograma original, aunque sin alterar el rumbo general de una política que el Gobierno decidió sostener como eje central de su programa económico.
El plan de privatizaciones representa, en definitiva, una apuesta de doble impacto para la administración Milei: sumar divisas en un momento de alta demanda de dólares y demostrar ante los mercados internacionales una señal concreta de reducción del peso del Estado en la economía.
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