El debate crucial sobre el presupuesto y sus implicaciones
El Senado se alista para una sesión decisiva este viernes, donde el oficialismo busca aprobar dos leyes fundamentales para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la conocida como Ley de “inocencia fiscal”. El enfoque principal está en el primer proyecto, que incluye al menos dos artículos que provocan resistencia entre los bloques dialoguistas.
La oposición se prepara para rechazar el artículo 30, que propone eliminar los mínimos de financiamiento para sectores como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Actualmente, la legislación establece que se debe destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% a Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto a educación técnica y el 0,8% al reequipamiento de las fuerzas armadas.
Si se aprueba el proyecto, estos porcentajes dejarían de ser obligatorios. El texto indica que el gobierno de Javier Milei busca derogar el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.
Este aspecto genera la mayor oposición entre los bloques dialoguistas y podría determinar el resultado de la sesión. La bancada oficialista enfrenta una votación complicada para el artículo 30, ya que sectores del peronismo y bloques provinciales han anticipado su rechazo. La asistencia o ausencia de senadores será crucial en este momento.
Fuentes del oficialismo han admitido que la posible caída del artículo 30 podría poner en peligro la aprobación total del Presupuesto, por lo que no se descartan modificaciones o negociaciones durante la sesión.
Preocupaciones sobre el financiamiento universitario
El artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales a la presentación de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, también genera inquietud entre posibles aliados del oficialismo. Este artículo establece que “las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información”.
Desde un bloque opositor, un legislador expresó: “Entiendo la preocupación por el 30, pero el 12 es aún más grave. Básicamente, si un funcionario considera que una universidad no proporciona la información que considera necesaria, puede cerrar el grifo. Me parece excesivo”. Esto afecta la autonomía universitaria, ya que los fondos dependerían del aval del Poder Ejecutivo.
El Gobierno ha enfrentado un duro revés con la oposición en la Cámara de Diputados. La versión del Presupuesto que llegó al Senado ya excluye el capítulo XI, que derogaba leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros puntos. Sin embargo, en el oficialismo no descartan que el texto regrese a Diputados si se realizan cambios de último minuto.
En cuanto al resto de los artículos del Presupuesto, que prevén un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026, el oficialismo no anticipa mayores dificultades.
La bancada de La Libertad Avanza, liderada por Patricia Bullrich, cuenta con más de 45 votos asegurados para la aprobación general del texto, aunque persisten dudas sobre el futuro de los dos artículos que enfrentan objeciones de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros aliados.
El peronismo se presentará dividido: los senadores cercanos a gobernadores dialoguistas muestran disposición a aprobar el Presupuesto, mientras que el sector alineado con la expresidenta Cristina Kirchner mantiene una postura de rechazo a cualquier recorte en educación, ciencia y políticas sociales.
Convicción Federal, con cinco integrantes, forma parte del interbloque peronista “Popular”. Cuatro legisladores están dispuestos a votar a favor, mientras que el representante de La Rioja, Fernando Rejal, aún no ha definido su postura, ya que el gobernador Ricardo Quintela rechaza la iniciativa.
Para el Gobierno, el resultado de la votación será crucial para enviar un mensaje político de respaldo a su rumbo económico, mientras que para la oposición será una oportunidad para establecer límites. El escenario más adverso para el oficialismo sería que el texto tuviera que regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión, con solo dos días hábiles antes de fin de año.
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