La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), entidad estatal, está en proceso de establecer acuerdos con distribuidoras y cooperativas eléctricas en todo el país para regularizar una deuda que supera los USD 1.100 millones por energía no pagada a tiempo. Las empresas han señalado que la principal razón de esta mora es el atraso tarifario de los últimos años, que no ha sido suficiente para cubrir sus costos, una afirmación que también respalda el Gobierno.
Detalles del plan de pagos eléctricas deudas CAMMESA
El plan de pagos propuesto por Cammesa se extenderá a lo largo de siete años e incluye una significativa licuación de los compromisos, con el objetivo de sanear los balances de las compañías y permitir que estas vuelvan a ser consideradas “sujetos de crédito” para realizar las inversiones necesarias en el sector. Este enfoque fue anticipado por Infobae a mediados de noviembre.
El esquema contempla un período de gracia de un año y 72 cuotas mensuales (6 años). La tasa de interés será equivalente al 50% de la del Banco Nación, que es la referencia habitual en el mercado eléctrico. Se ha llegado a un acuerdo preliminar entre las partes para avanzar en este sentido.
La resolución ya está redactada y espera la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo; del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y de la secretaria de Energía, María Tettamanti, para su publicación en el Boletín Oficial. La gestión fue realizada por el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, y las compañías tendrán un plazo de 30 días para adherirse. En los despachos oficiales consideran que este es el mejor camino para hacer “borrón y cuenta nueva”.
Cammesa, además de administrar el suministro de electricidad, actúa como intermediaria en el mercado: paga la energía a los generadores y cobra a transportistas y distribuidoras de todo el país. Sin embargo, los congelamientos tarifarios han generado distorsiones que han afectado el normal funcionamiento de este proceso.
Los congelamientos también han impactado la inversión en infraestructura, lo que se traduce en cortes de suministro que sufre Argentina durante los picos de consumo en verano. De cara a 2025, existe el temor de que las olas de calor obliguen a realizar cortes residenciales para que el sistema pueda soportar la demanda.
Como los usuarios no están pagando el costo completo de la energía eléctrica que consumen, el Tesoro realiza transferencias a Cammesa para cubrir esa diferencia, un esquema similar al que se utiliza con el gas natural. Estos subsidios energéticos han representado un gasto para el Estado de aproximadamente USD 150.000 millones en el período 2003-2023, según estimaciones oficiales.
Por otro lado, las transportistas y distribuidoras no han recibido transferencias directas del Tesoro, pero los congelamientos de tarifas, que comenzaron con el kirchnerismo, llevaron a las empresas a postergar sus pagos a la empresa estatal, ya que sus ingresos no eran suficientes para cubrir los costos operativos. Este mecanismo de financiamiento se ha prolongado en los últimos años y ahora el Gobierno busca eliminarlo de manera definitiva.
Datos oficiales indican que la deuda sin regularizar de las distribuidoras, incluidas cooperativas del interior, alcanzaba los $1,39 billones, es decir, más de USD 1.100 millones en la conversión al dólar contado con liquidación (CCL) al 13 de diciembre. Se estima que hay un monto equivalente por otros compromisos que ya tienen planes de pago específicos.
Las distribuidoras del AMBA (Edesur y Edenor) concentran el 38% de la deuda total sin regularizar. Son las firmas con mayor cantidad de clientes en el país. Mientras tanto, entre las cooperativas del interior, 16 están bajo sospecha de maniobras para desviar fondos para financiar gasto político, y hay juicios en marcha.
Para acceder al plan de pagos, las empresas deberán cumplir al menos dos condiciones: no tener litigios abiertos con Cammesa, la Secretaría de Energía o el Ministerio de Economía, y estar al día con sus pagos de 2024, o tenerlos regularizados mediante algún esquema de regularización.
La limpieza en los balances de las distribuidoras es fundamental para los planes del Gobierno de normalizar el mercado eléctrico. Se espera que Cammesa deje de comprar combustible para la generación de energía; posteriormente, se licitará mayor capacidad de transporte y potencia, y se iniciará un período de contractualización basado en el juego de oferta y demanda. El ministro Caputo está evaluando la magnitud de los incrementos tarifarios que se implementarán en 2025 y cómo se coordinarán con la reducción de subsidios prevista.
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