Nuevas reglas para importar en Argentina: beneficios, costos y riesgos
El Gobierno de Javier Milei ha implementado una apertura sin precedentes en el sistema de importaciones, buscando fomentar la competencia, controlar la inflación y facilitar el acceso al mercado de cambios.

El nuevo modelo simplifica trámites y ofrece mayores facilidades para las PyMEs, permitiendo que ahora puedan cancelar importaciones en un único pago a 30 días. Además, se ha elevado a u$s 3000 el límite para compras por courier, con un máximo de cinco operaciones anuales por persona, y se ha establecido una exención de aranceles para consumos particulares de hasta u$s 400.
No obstante, este esquema exige ciertos requisitos. Aquellos que superen el régimen simplificado deben estar inscritos en el Registro de Importadores y Exportadores de ARCA, contar con un CUIT activo y un domicilio fiscal electrónico. El proceso implica clasificación arancelaria, presentación de documentación comercial (facturas, listas de empaque, conocimiento de embarque) y el pago de tributos como IVA, derechos de importación y tasa estadística.

Entre los costos asociados, los expertos advierten sobre cargos invisibles como seguros de carga, fletes internacionales, honorarios de despachantes de aduana, gastos portuarios y posibles ajustes por tipo de cambio. «Calcular bien estos factores es lo que define si un negocio internacional es rentable», enfatizó Lucas Bianchi, CEO de Interborders.
A pesar de la liberalización, aún existen restricciones. Rubros como alimentos y bebidas requieren certificaciones sanitarias, mientras que los equipos eléctricos deben cumplir estándares de seguridad reconocidos internacionalmente. Productos como medicamentos, armas o materiales peligrosos siguen bajo prohibición estricta.
En paralelo, el Decreto 513/2025 introdujo cambios en el tratamiento arancelario para los bienes de capital, beneficiando a industrias como la metalúrgica, alimentaria, energética e hidrocarburífera. Desde el BCRA también se han impulsado medidas para agilizar el pago de importaciones y normalizar deudas con proveedores del exterior.

Si bien el Gobierno sostiene que estas reformas buscan dinamizar el comercio internacional y favorecer el crecimiento económico, algunas organizaciones como Fundar advierten que la apertura «sin paracaídas» puede afectar a sectores vulnerables como el textil, impactando directamente en el empleo local.
La gran incógnita es si la importación se convertirá en una oportunidad de expansión o en un salto al vacío para los actores económicos que no logren adaptarse a las nuevas reglas.
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