La nueva normativa busca eliminar intervenciones distorsivas y garantizar un mercado más transparente y competitivo, con un enfoque en el control de calidad.
Detalles de la modernización del INYM
Con la publicación del Decreto 812/2025 en el Boletín Oficial, se establece una reforma en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Esta medida actualiza el Decreto 1240/2002 y se enmarca dentro de la política del gobierno de optimizar el rol de los organismos públicos, priorizando la eficiencia y el servicio a la ciudadanía.
El nuevo decreto prohíbe al INYM dictar normas o intervenir de manera que genere distorsiones en los precios, así como establecer barreras de entrada o restricciones a la libre iniciativa privada en la producción y comercialización de la yerba mate y sus derivados.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró esta medida, afirmando que “el INYM deberá enfocarse en la calidad y promoción, no en ser un interventor de precios y restricciones a la producción”. Además, destacó que la desregulación del sector, impulsada por el DNU 70/23, ha mostrado resultados positivos, con un crecimiento del 29% en la producción total durante 2024, alcanzando un récord histórico, y un aumento del 17% en las exportaciones, también marcando un nuevo récord.
Asimismo, el decreto instruye al organismo a revisar en un plazo de 30 días toda regulación previa que contradiga estos principios, derogando artículos del decreto original que otorgaban facultades de intervención directa en el mercado.
Con esta modernización, el Gobierno busca que el INYM concentre sus esfuerzos en verificaciones y controles de calidad, evitando prácticas que puedan afectar la competencia en el sector.
Impacto de la modernización INYM
La modernización del INYM es un paso significativo hacia la creación de un entorno más competitivo y justo para todos los actores involucrados en el mercado de la yerba mate. Al eliminar las intervenciones que distorsionan el mercado, se espera que los productores y comerciantes puedan operar en un marco más libre, lo que beneficiará a los consumidores a través de precios más justos y una mayor calidad en los productos.
La implementación de esta normativa también es un reflejo del compromiso del Gobierno argentino con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, asegurando que los organismos cumplan su función sin interferir en las dinámicas del mercado.
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