El Gobierno de Javier Milei ha adoptado un discurso antiinmigración en su campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, evocando el estilo del expresidente estadounidense Donald Trump. “Argentina no será un refugio para delincuentes”, afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al anunciar una reforma migratoria que se implementará por decreto. Adorni, quien también es candidato a diputado por La Libertad Avanza en Buenos Aires, indicó que se endurecerán los requisitos para ingresar y permanecer en el país, además de que los extranjeros no residentes deberán cubrir los costos de atención médica.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que muchos de los cambios propuestos requieren la aprobación del Congreso, mientras que otros ya están contemplados en la legislación actual. Argentina tiene una larga historia de inmigración, especialmente de España e Italia, y ha mantenido durante décadas una política de puertas abiertas que el Gobierno de Milei está comenzando a cambiar.

Un cambio de discurso y política migratoria

El portavoz presidencial destacó que la inmigración del pasado fue “virtuosa, basada en el trabajo y el respeto por la ley”, y que contribuyó a construir la grandeza de Argentina. Sin embargo, argumentó que la normativa actual fomenta el caos y el abuso, permitiendo la entrada de personas que no buscan contribuir al desarrollo del país. Según Adorni, en 2025 “casi cualquiera puede entrar, incluso aquellos condenados por delitos menores”.

El decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial establecerá que cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada por las autoridades migratorias. Aquellos que ingresen de manera ilegal serán deportados. La legislación vigente permite que los autores de delitos menores permanezcan en el país, una opción que se eliminará con la nueva reforma. Además, se acelerarán los procesos judiciales para las deportaciones.

Si se implementa como se ha anunciado, esta nueva legislación migratoria podría terminar en los tribunales. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han advertido que no se puede establecer un régimen excepcional para ciertos individuos sin un debate en el Congreso, ya que esto está relacionado con el derecho a la defensa.

La reforma también se comunicó a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que subraya el costo que representan los extranjeros para el Estado argentino. Milei ha criticado que “los contribuyentes deban soportar las consecuencias de extranjeros que ingresan solo para abusar de recursos que no les pertenecen, como los llamados tours sanitarios”.

Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, cinco provincias han comenzado a cobrar por la atención sanitaria programada a pacientes no residentes. La ciudad de Buenos Aires fue la última en adoptar esta medida, a pesar de que los extranjeros representan menos del 1% de los usuarios del sistema público de salud, según datos oficiales.

El Gobierno de Milei también busca que las universidades públicas sigan el mismo camino que los hospitales y comiencen a cobrar a los extranjeros, lo que rompería con más de siete décadas de educación superior gratuita. Aunque cada institución debe tomar esta decisión de manera autónoma, el Ejecutivo está presionando a través de recortes salariales y de fondos públicos.

Este anuncio del Ejecutivo ultraderechista tiene como objetivo ganar votos de cara a las elecciones legislativas de 2025, con la próxima cita en las urnas programada para este domingo en Buenos Aires.