El ministro de Economía, Luis Caputo, ha confirmado la privatización de Intercargo, la empresa que proporciona servicios de rampas en los aeropuertos de Argentina. En este contexto, se ha autorizado la realización de una licitación de alcance nacional e internacional para vender el 100% de las acciones actualmente en manos del Estado.
La Resolución 282/2026 fue publicada en el Boletín Oficial, y la convocatoria se dará a conocer en el sitio web del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMARKET del Banco Mundial durante un período de diez días. Además, se requerirá un aviso con al menos 45 días de anticipación antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.
El concurso se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, lo que implica que los interesados deberán estar registrados para seguir el proceso. Las bases y condiciones estarán disponibles hasta el 27 de abril de 2026 a las 16:00 horas, y las solicitudes se aceptarán hasta el 7 de mayo de 2026 a las 09:30 horas. La apertura de las ofertas se realizará el mismo día a las 10:00 horas, de manera electrónica y automática, generando un documento oficial que acredite la participación.
Quiénes estarán habilitados para participar de la licitación
Las personas jurídicas interesadas en participar deberán tener la capacidad legal para asumir obligaciones según el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC) y la normativa aplicable. Además, es necesario que tengan su domicilio o sede principal de negocios en Argentina.
Las sociedades extranjeras podrán presentar ofertas únicamente a través de un vehículo societario constituido en Argentina. También se permite iniciar el trámite de constitución, siempre que dicho vehículo esté registrado e inscrito ante la autoridad pública correspondiente antes de la firma del contrato de compraventa de acciones.
Asimismo, se acepta que dos o más sociedades presenten una oferta conjunta, siempre que asuman la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Ministerio de Economía por los compromisos adquiridos durante la licitación. Esta responsabilidad deberá mantenerse hasta la ejecución del contrato y reflejarse en un convenio de vinculación que especifique el porcentaje de aporte de cada participante.
Entidades excluidas de la licitación
No podrán participar como oferentes las personas o entidades del Sector Público Nacional, según lo estipulado en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, así como organismos centralizados, descentralizados o autárquicos provinciales o municipales, o aquellos controlados por provincias o municipios. Esta restricción busca evitar conflictos de interés en el proceso de adjudicación.
Las sociedades que incurran en inhabilitaciones establecidas por la Disposición N° 29/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones quedarán excluidas. También se evaluará si los directivos o accionistas están procesados por delitos contra la propiedad, la administración pública o infracciones a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La presencia de sanciones firmes por incumplimiento en servicios públicos o actividades reguladas, así como antecedentes de incumplimientos graves en contrataciones previas, también serán motivos de inelegibilidad. Las empresas cuyos responsables estén suspendidos por condena penal firme, conforme a la Ley N° 27.401, o que hayan recibido sanciones administrativas por faltas graves en la rendición de cuentas de subsidios, serán declaradas inhábiles.
La acreditación de la no inhabilitación se llevará a cabo mediante la presentación de declaraciones juradas solicitadas a los interesados en participar en el concurso público. Además, las ofertas podrían ser eliminadas si se recogen pruebas suficientes sobre la comisión de actos de corrupción, incluyendo ofrecimientos de dinero o presiones para influir en la actuación de funcionarios.
Si se detectan conductas irregulares que constituyan un ilícito o que vayan en contra de la ética pública, se informará a la Oficina Anticorrupción y se denunciarán los hechos ante las autoridades competentes.
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