La Cámara de Apelaciones de Nueva York acepta el pedido argentino
La Justicia de Estados Unidos ha decidido detener todas las demandas relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF, incluyendo el proceso de discovery y el pedido de desacato, lo que favorece a Argentina tras el reciente pedido formal de la Procuración del Tesoro. La Cámara de Apelaciones de Nueva York ha ordenado que ningún tribunal avance con acciones relacionadas al caso hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el proceso de apelación iniciado por el Estado argentino. Esto incluye determinar la validez del fallo de primera instancia emitido por la jueza Loretta Preska, que condenó a Argentina a pagar aproximadamente USD 18.000 millones (incluyendo intereses desde 2023).
Suspensión de demandas y alivio para Argentina
El planteo argentino fue presentado por Sebastián Amerio en sus primeras horas como Procurador, solicitando una moción urgente para frenar el avance de investigaciones y procedimientos relacionados con la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023. La resolución de la Cámara representa un alivio para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.
El pedido argentino consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia, hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre la validez del reclamo. Burford Capital es el principal beneficiario de esta decisión.
Decisión clave de la Cámara de Apelaciones
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que está revisando la apelación presentada por Argentina, aceptó el planteo y ha decidido frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. Este tribunal es crucial en el caso, ya que tiene la autoridad para confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a Argentina a pagar una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.
Desde la Procuración del Tesoro, se destacó que la resolución abarca uno de los procesos más relevantes del litigio, donde los demandantes habían impulsado requerimientos de información amplios y invasivos, orientados a identificar activos para la eventual ejecución de la sentencia. En este contexto, Argentina cumplió con las exigencias del tribunal, presentando un volumen significativo de documentación y compareciendo con testigos.
Expectativas sobre el fallo de fondo
Analistas como Sebastián Maril de Latam Advisors han comentado que esta decisión podría indicar que el fallo sobre la cuestión de fondo podría conocerse pronto, aunque la Cámara no tiene un plazo específico para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo original tuvo lugar en octubre del año pasado, y desde entonces se ha estado a la espera de una resolución.
Esto puede ser una señal de que los jueces de la Cámara están preparados para resolver el tema y emitir un laudo sobre la cuestión de fondo. Dado que se espera una decisión pronta, se considera que no tiene sentido continuar con una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery.
El futuro del caso YPF
El fallo condenatorio fue apelado y, mientras la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York decide, se espera que Burford continúe intentando acelerar el pago. Han solicitado turnover de acciones, declarar al Estado en desacato y demostrar que el Estado y la empresa son “lo mismo”. Sin embargo, todo esto queda sin efecto tras la decisión reciente.
Ahora, todo está en manos de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Aunque no hay una fecha específica para decidir, la estadística de la Cámara indica que este tipo de cuestiones se resuelven, en promedio, en un período de entre seis y doce meses. Hasta ahora, han pasado cinco meses.
La Cámara podría decidir que Preska se equivocó en la forma de juzgar el caso (lo que beneficiaría a Argentina), que actuó correctamente (lo que perjudicaría a Argentina) o que hay cuestiones que necesitan reconsideración, como el lugar donde se realiza el fallo o la necesidad de recalcular el monto. En caso de un fallo favorable para el país, las autoridades lo considerarían “caso cerrado”, aunque es probable que surjan apelaciones adicionales.
En conclusión, el tribunal de alzada podría determinar que el caso debe continuar en el país o devolverlo a Preska para recalcular el monto de resarcimiento con un rango de fechas diferente o un tipo de cambio específico. “Sería negativo que digan que todo lo que dijo Preska está bien, pero no creemos que eso suceda”, comentó una fuente gubernamental a Infobae semanas atrás.
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