viernes 13 febrero 2026

La estrategia legal en marcha

La administración de Gustavo Melella irá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia.

El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha anunciado su intención de iniciar acciones legales contra la intervención del puerto de Ushuaia, una medida decretada recientemente por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Según fuentes oficiales, esta intervención representa un «avasallamiento» a la autonomía provincial.

Funcionarios de la administración de Gustavo Melella han confirmado que están trabajando en una «estrategia netamente legal» para recuperar la autonomía de la Dirección Provincial de Puertos. «Vamos a ir a la Justicia», afirmaron en diálogo con medios locales.

Detalles de la intervención

La intervención se produce en un momento crítico, ya que Ushuaia recibe un gran número de cruceros durante la temporada estival. ANPYN asumirá el control de las operaciones del puerto por un año, con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina. La decisión se basa en supuestas falencias encontradas en las inspecciones, que incluyen problemas estructurales y de gestión administrativa.

Reacciones a la intervención

Desde el gobierno provincial se cuestiona la necesidad de esta intervención, argumentando que el puerto no presenta problemas significativos. Además, se señala que la intervención se toma en un momento en que Ushuaia se posiciona como un destino clave para el turismo y el tráfico marítimo hacia la Antártida.

Impacto en la comunidad y la industria

La administración provincial ha destacado el crecimiento del puerto, que proyecta superar los récords de pasajeros de cruceros de temporadas anteriores. Sin embargo, la intervención ha generado tensiones políticas entre el gobierno provincial y la administración nacional, especialmente en el contexto de la reciente eliminación de aranceles a la importación de celulares, lo que podría afectar a la industria local.

Un conflicto en aumento

El gobernador Melella ha expresado su desacuerdo con la intervención, calificándola como un «avance del Gobierno» sin justificación objetiva. Este conflicto se suma a una serie de tensiones entre la provincia y el gobierno nacional, que se han intensificado en los últimos meses.

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