A más de un mes de que el Senado aprobara el proyecto de Inocencia Fiscal, se ha publicado el decreto reglamentario que detalla cómo los ciudadanos pueden acceder a los dólares que tienen guardados en sus hogares y los beneficios que ofrece el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Este decreto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca dar seguridad jurídica a los argentinos para que puedan utilizar esos ahorros, que se estima suman alrededor de USD 170 mil millones, contribuyendo así a la reactivación económica del país.
Operaciones con los dólares del colchón
Una de las aclaraciones más relevantes en la reglamentación es la forma en que deben realizarse las operaciones con los dólares del colchón. Para poder hacer uso de estos fondos, es necesario que sean bancarizados. Según una fuente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los contribuyentes tienen dos opciones: pueden depositar el dinero en su cuenta bancaria y luego transferirlo a otra cuenta o enviar el dinero directamente a otra persona. Esto asegura que el dinero esté trazado, cumpliendo así con las normativas del GAFI y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que abogan por la bancarización de los fondos para facilitar el seguimiento fiscal y prevenir el lavado de activos.
El ministro Caputo ha señalado que la Ley de Inocencia Fiscal representa un “atajo enorme” para acelerar la reactivación económica. Según datos del Banco Central, hay USD 170 mil millones en ahorros no bancarizados, lo que representa casi tres veces el monto de los depósitos en el sistema financiero. Si una parte de esos fondos se inyectara en la economía, podría ayudar a resolver muchos de los problemas económicos que enfrenta el país.
Requisitos para el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG)
Para adherirse al RSG, los contribuyentes deben cumplir con tres requisitos: haber tenido ingresos menores a $1.000 millones en el último año, tener un patrimonio inferior a $10.000 millones y no ser considerados grandes contribuyentes. El decreto aclara que los ingresos que se suman para este cálculo son solo los propios, excluyendo aquellos que se reciben como intermediarios.
Los beneficios de adherir al RSG incluyen la presunción de exactitud y un efecto liberatorio en el pago de impuestos. Además, se han definido las condiciones bajo las cuales se considera una discrepancia significativa, proporcionando así la certeza operativa que la ley necesitaba.
Situación de los monotributistas
Los monotributistas que deseen retirar los dólares del colchón deben inscribirse en el RSG; de lo contrario, se arriesgan a ser objeto de fiscalización. Esto plantea un dilema para los pequeños contribuyentes: decidir si es más conveniente retirar los dólares y pagar más impuestos o no hacerlo y enfrentar el riesgo de una investigación. Desde ARCA se confía en que la mayoría de los monotributistas que deseen acceder a sus ahorros optarán por adherirse al RSG.
En los próximos días, se espera que se publiquen Resoluciones Generales de ARCA que brinden más claridad sobre este proceso. Sin embargo, aún queda por ver si la reglamentación será suficiente para que las entidades privadas acepten los dólares del colchón o si requerirán más especificaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actualmente está en proceso de cambio de autoridades.
Cambio de umbrales y multas automáticas
El decreto también introduce cambios en los umbrales de punibilidad para la evasión simple, que ahora pasan de $1,5 millones a $100 millones. Esto significa que los contribuyentes denunciados antes de la publicación del decreto pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna. Además, se actualizarán anualmente los umbrales establecidos.
Otro punto de controversia ha sido la actualización de las multas automáticas, que se incrementaron en un 100.000%. Sin embargo, se ha indicado que no se automatizarán las intimaciones para los contribuyentes menos relevantes, permitiendo así un plazo adicional para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) regularicen su situación antes de que se inicie un proceso sancionador.
En conclusión, la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y sus reglamentaciones busca facilitar el acceso a los dólares del colchón, ofreciendo un marco claro para los contribuyentes, incluidos los monotributistas, y promoviendo la bancarización de estos fondos en un contexto económico desafiante.
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