Un proyecto que busca impulsar la economía y fomentar la inversión
En un contexto de tensión por la ausencia de altos funcionarios en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Gobierno anunció que el proyecto de ley “mini RIGI” será presentado esta semana en el Congreso. Este anuncio se produce tras meses de negociaciones y elaboración, aunque el tiempo para su discusión es limitado debido al cierre de las sesiones ordinarias.
El secretario coordinador Juan Pazo fue el único representante del Gobierno presente en el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Durante su intervención, Pazo destacó la importancia de este proyecto, que busca facilitar la inversión y mejorar la competitividad del sector industrial, en medio de críticas por las recientes políticas económicas que favorecen la importación de productos terminados.
El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, celebró la noticia en su discurso de cierre, resaltando que la UIA había estado presionando por una iniciativa que extienda los beneficios impositivos del RIGI a inversiones menores a 200 millones de dólares. Este “mini RIGI” está diseñado para incluir sectores como la industria manufacturera y se estructura en seis capítulos: Inversiones productivas, Exportaciones incrementales, agro, régimen laboral, fomento del empleo y Otras disposiciones.
Según el Ministerio de Economía, el proyecto contempla una serie de beneficios impositivos, incluyendo la desgravación de derechos de exportación para bienes industriales y la devolución anticipada de IVA. Estos beneficios se aplicarán a inversiones que superen los 150 mil dólares para empresas micro; 600 mil dólares para pequeñas; 3,5 millones de dólares para empresas del tramo 1; 9 millones de dólares para empresas del tramo 2; y 30 millones de dólares para el resto.
El proyecto se estructura en seis capítulos: Inversiones productivas, Exportaciones incrementales, agro, régimen laboral, fomento del empleo y Otras disposiciones.
Las inversiones también se beneficiarán de una amortización acelerada, lo que permitirá reducir los plazos de amortización de bienes en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de IVA, que se acortará de 6 a 3 meses. Para las exportaciones incrementales, se prevé la exención de derechos de exportación para pymes que exporten bienes industriales, aunque aún no se han definido las posiciones arancelarias específicas.
El proyecto incluye un capítulo dedicado al sector agrario, donde se contemplan medidas como la postergación de la valoración de la hacienda hasta la venta efectiva del ganado y beneficios para inversiones en sistemas de riego y mallas anti granizo, que incluirán amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Además, se propone una reducción de la alícuota de IVA a la energía utilizada para sistemas de riego agrícola, que pasaría del 27% al 10,5%.
Reformas laborales y su impacto en el empleo
Un aspecto crucial del proyecto es el capítulo laboral, que responde a las demandas de las cámaras empresariales. Las reformas propuestas por el Gobierno a través del DNU 70 y la ley de Bases han sido generalmente bien recibidas por las empresas, y ahora se busca formalizarlas mediante esta nueva legislación.
En relación con el régimen laboral y el fomento del empleo formal, la iniciativa incluye la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo y la modernización del Régimen de Trabajo Agrario. También se prevé la reducción de las contribuciones patronales sobre empleos incrementales, así como un bono de crédito fiscal para empresas que contraten trabajadores provenientes del sector público.
El capítulo laboral del DNU ha sido objeto de controversia y ha sido judicializado por los sindicatos. Pazo indicó que la nueva ley incluirá los puntos cuestionados, excepto aquellos que afectan la organización sindical. Se establecerá una tasa específica para el pago de juicios laborales, fijada en el IPC más un 3% anual, para evitar interpretaciones diversas por parte de la Justicia.
Pazo, mano derecha de Luis Caputo, precisó que la ley que anticipó este martes incluirá el capítulo laboral objetado en la justicia por los gremios, salvo aquellos puntos que establecen cambios en el sistema de organización sindical.
Además, se implementará un “bono de crédito fiscal” sobre las contribuciones patronales para los nuevos empleos incrementales, aplicable durante un año. También se ofrecerá un bono similar para la contratación de trabajadores del sector público, excluyendo a los funcionarios públicos, como parte de un proceso de transición hacia el empleo privado.
Este proyecto de ley representa un esfuerzo significativo del Gobierno por abordar las preocupaciones de la industria y fomentar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico en el país.
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