La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de declaración y preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional autorice el ingreso indiscriminado de maquinaria agrícola usada.
Este proyecto, impulsado por los legisladores Dionisio Scarpin (UPCS-UCR) y Lucila Ponti (Santa Fe Sin Miedo), solicita al Poder Ejecutivo provincial, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que actúe ante el Gobierno nacional para evitar esta política.
El principal argumento radica en el temor de que esta medida pueda impactar negativamente en el extenso cordón industrial de Santa Fe relacionado con la fabricación de maquinaria agrícola, incluyendo sembradoras, pulverizadoras, tractores y otros equipos.
OPOSICIÓN A LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA USADA
Durante el debate, el legislador Scarpin expresó su preocupación por las declaraciones de autoridades nacionales, advirtiendo sobre las graves consecuencias que podría acarrear esta medida.
“Estamos hablando de un impacto directo en miles de puestos de trabajo, en la capacidad de innovación tecnológica y en la estabilidad de empresas que son el orgullo de nuestra provincia”, enfatizó.
Scarpin recordó que Santa Fe concentra el 44% de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola del país, con más de 533 firmas en localidades como Las Parejas, Armstrong, Las Rosas y Firmat, donde esta actividad representa la principal fuente de empleo y desarrollo económico.
Además, subrayó que la mayoría de estas son empresas familiares que son vitales para el crecimiento regional.
“Tanto FISFE (Federación Industrial de Santa Fe) como CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola) advirtieron que permitir la importación de maquinaria usada generaría una competencia desleal, poniendo en riesgo la renovación tecnológica y afectando negativamente la economía de las comunidades locales”, enfatizó Scarpin.
Por ello, consideró que “habilitar la importación de maquinaria usada no solo pone en jaque a nuestra industria, sino que también amenaza al corazón productivo de nuestra provincia”.
Scarpin también citó al actual titular de CAFMA, Enrique Bertini, quien recordó que este tipo de importaciones facilitó en el pasado prácticas como la sobrefacturación y la fuga de divisas.
“Estos antecedentes demuestran que no se trata solo de una cuestión de competitividad, sino también de transparencia y control en el comercio exterior“, agregó.
Sin embargo, aclaró que no se busca un proteccionismo total para la industria local, sino que se desea evitar una competencia desleal con lo que pueda importarse. “Queremos que compitan, pero la importación de maquinaria usada es desleal o puede serlo, generando innumerables inconvenientes”, insistió.
Por esta razón, el proyecto aprobado insta al Gobierno Provincial a intervenir de manera urgente ante las autoridades nacionales para frenar esta iniciativa.
“Debemos garantizar que nuestras industrias y productores sigan liderando la innovación y la producción de maquinaria adaptada a las necesidades del agro argentino. No podemos permitir que decisiones de este tipo perjudiquen a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a nuestras comunidades”, concluyó.
Voces a favor y en contra
Lucila Ponti, coautora del proyecto, destacó el “triángulo” de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, que conforma un entramado industrial vinculado a la maquinaria que da empleo directo a más de 5.000 personas y a un número significativamente mayor de manera indirecta, quienes podrían verse afectados si avanza esta “política de apertura indiscriminada y torpe”.
Además de señalar los problemas económicos que podría representar para las empresas, alertó que sin controles sobre las importaciones, podrían ingresar plagas nocivas para los cultivos argentinos.
Otra voz a favor fue la de Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), quien consideró que “la defensa de las fuentes de trabajo necesita la voz de la Legislatura provincial”.
Por otro lado, el partido Somos Vida, cercano a La Libertad Avanza en Santa Fe, votó en contra. La diputada Silvia Malfesi argumentó que el problema son los impuestos internos, como Ingresos Brutos, que en Santa Fe representan un 15% sobre el valor de una maquinaria.
“El proteccionismo a la larga genera más pobreza, toda medida coactiva impide un crecimiento genuino de la economía”, enfatizó. La legisladora Verónica Baro Graf coincidió en que “la presión tributaria nos hace menos competitivos y eso se debería modificar”, pero se unió al apoyo general al proyecto que fue aprobado por la Cámara Baja santafesina.
