Las autoridades buscan dejar atrás las controversias en torno a Manuel Adorni, priorizando la aprobación de reformas en el Congreso.
En una semana que se verá acortada por los feriados del 2 y 3 de abril, el Gobierno tiene la intención de demostrar su compromiso con la gestión y cambiar de página, dejando atrás la controversia que ha rodeado a Manuel Adorni.
Después de una conferencia inicial en la que intentó aclarar dudas sobre su patrimonio y viajes al exterior, el jefe de Gabinete planea retomar encuentros regulares con la prensa en la Casa Rosada.
La próxima reunión está programada para el miércoles, donde se espera que el funcionario se enfoque en los temas administrativos y no en las causas judiciales que lo involucran, las cuales su entorno desea presentar como cerradas.
En el corto plazo, su objetivo es concentrarse en las reformas que el Poder Ejecutivo impulsará en esta primera etapa de las sesiones ordinarias legislativas, por lo que este lunes se reunirá nuevamente con la mesa política.
Con la interna en pausa para enfrentar los cuestionamientos, Adorni se reunirá con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
“Probablemente establezcamos la agenda con el Congreso de cara a abril y, después, también irán surgiendo temas que cada integrante desee abordar”, explicó a Infobae uno de los miembros del grupo.
Se precisó que, aunque los proyectos ya fueron anunciados, “la idea es revisar en detalle cómo estamos y cómo avanzamos con cada asunto, especialmente considerando la dinámica actual”.
Inicialmente, la lista de iniciativas que el oficialismo tenía planeada incluía un paquete de medidas sobre propiedad privada, el nuevo Código Penal y modificaciones a las leyes de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario.
No obstante, tras gestiones de última hora, se añadió al temario el proyecto de “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Además, con la llegada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se decidió suspender la discusión sobre el Código Penal para revisarlo a fondo y redactar un nuevo texto.
Según se ha informado, uno de los cambios que se están considerando es una posible reducción de las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción, que inicialmente se planteaba endurecer.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia han desmentido estas versiones, afirmando que “son falsas” y que “aún no se ha discutido ese tema”, ya que el texto comenzará a ser estudiado en los próximos meses.
En el corto plazo, esta cartera está finalizando los proyectos que ya fueron anunciados y solicitados por el presidente Javier Milei, para sustituir el debate sobre el Código Penal, como la creación de nuevos delitos.
Por su parte, el nuevo secretario de Justicia -virtual viceministro-, Santiago Viola, tiene en su poder una propuesta presentada por la Corte Suprema para modificar el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura al entrevistar a candidatos a jueces.
La propuesta del máximo tribunal establece un nuevo “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” con el objetivo de “corregir déficits estructurales” y mejorar la “eficacia, transparencia y agilidad del sistema”.
Se argumenta que esta reforma busca que el acceso de los aspirantes a esos cargos se base en “criterios objetivos de mérito e idoneidad” y en un procedimiento “abierto al control ciudadano e institucional”, en lugar de depender de cuestiones políticas o coyunturales.
El texto establece que la duración total del proceso de selección “no podrá exceder de noventa días hábiles judiciales”, contados desde la prueba de oposición, con una prórroga excepcional de treinta días adicionales.
Uno de los ejes centrales de la normativa es la implementación de la “Prueba de Oposición Escrita (POE)”, que constará de dos instancias diseñadas bajo “estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control”.
En cuanto a la valoración de los candidatos, el reglamento establece un sistema de calificación de antecedentes con un “máximo de cien puntos”, donde se pondera la formación académica, los antecedentes profesionales y académicos, incluyendo publicaciones y docencia.
Según un documento que circula en los pasillos de los tribunales, el nuevo sistema invertirá la lógica operativa actual, estableciendo que “la regla son los concursos anticipados” en lugar de los especiales.
Esta modificación busca que el proceso “no corra detrás de las vacantes, sino que anticipe el hecho”, con el objetivo de “evitar los largos tiempos de vacancia en los tribunales”.
El objetivo declarado de esta nueva modalidad es alcanzar una “mayor amplitud y objetividad” en la evaluación de las aptitudes jurídicas y prácticas de los concursantes, asegurando que el proceso de evaluación sea más integral.
Finalmente, se destaca la limitación de la “discrecionalidad política” en la etapa de la entrevista personal: a diferencia del régimen actual, donde la Comisión de Selección posee facultades discrecionales que “modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes”, el nuevo reglamento “limita la capacidad de convocatoria de la Comisión”.
Ahora, es el plenario del Consejo de la Magistratura el que debe decidir si analiza la propuesta y, eventualmente, la somete a votación, o si prefiere no tratarla. Los miembros de la Corte Suprema entregaron un borrador de la propuesta a Viola, representante del Poder Ejecutivo ante ese cuerpo, durante el encuentro de la semana pasada, en el que también participó Mahiques.
El secretario de Justicia considera que la iniciativa tiene muchos puntos interesantes y positivos, aunque hay varios expedientes abiertos para modificar el reglamento interno del Consejo que aún no han prosperado.
Hasta el momento, el funcionario no ha tenido la oportunidad de estudiar en profundidad el texto y espera también la opinión del resto de los integrantes del organismo, compuesto por referentes del Congreso y del ámbito judicial y académico, tanto del oficialismo como de la oposición.
Su titular es Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, mientras que por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.
Por el Poder Legislativo están los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Gonzalo Roca.
Por los abogados con matrícula federal, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, y por el ámbito académico y científico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.
A pesar de provenir de diferentes sectores, Viola confía en que la composición actual del cuerpo permitirá un buen diálogo y la posibilidad de alcanzar consensos, aunque aún no se ha comenzado a discutir esta acordada.
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