La discusión sobre el estado de la infraestructura vial argentina sumó un nuevo capítulo en el ámbito judicial. El Juzgado Federal de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, dio trámite formal a un amparo que exige al Estado nacional la reactivación de obras y tareas vinculadas con el mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan esa provincia. Al mismo tiempo, el expediente pone bajo análisis el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles líquidos.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) salió a respaldar públicamente el avance del expediente, señalando que la iniciativa coincide con los reclamos que la entidad viene sosteniendo desde hace tiempo ante distintos niveles del Estado.
El trasfondo del reclamo: el SISVIAL y el fideicomiso del Decreto 976/01
El planteo judicial gira en torno al Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y al fideicomiso creado por el Decreto 976/01, dos mecanismos que regulan el uso de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos para el financiamiento de infraestructura vial. Según los denunciantes, una parte de esos fondos no habría sido aplicada a las obras y tareas de mantenimiento de rutas nacionales que la normativa vigente expresamente establece como destino prioritario.
Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, fue claro al respecto: “La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”. La postura de la federación apunta a que los mecanismos legales existentes se cumplan en la práctica, sin desvíos ni demoras que deterioren la red vial que utiliza el transporte de cargas a diario.
Las rutas comprendidas en el expediente
Entre los corredores viales alcanzados por el reclamo se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de las rutas 130, 131, 136 y el acceso A015. La Ruta Nacional 174 merece especial atención, ya que constituye uno de los corredores clave para la conexión entre Entre Ríos y Santa Fe a través del puente Rosario-Victoria, un eje de alto tráfico para el transporte de mercaderías en la región central del país.
El impacto económico del deterioro vial sobre el transporte de cargas
Para el sector del autotransporte de cargas, el estado de la infraestructura vial no es una preocupación abstracta ni meramente técnica. Una calzada deteriorada se traduce directamente en consecuencias concretas: mayores tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos, incremento en los costos de mantenimiento de las unidades y un encarecimiento general del flete y la logística. A esto se suma el aumento en los riesgos de siniestralidad vial, que afecta tanto a los conductores como al resto de los usuarios de la red.
Sanz fue categórico al respecto: “Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística. Garantizar condiciones adecuadas es una obligación prioritaria del Estado”. Desde FADEEAC también se subrayó que el problema no se limita a Entre Ríos, sino que el deterioro de la infraestructura es una situación extendida a nivel nacional que requiere una respuesta urgente y coordinada.
Un relevamiento que respalda los reclamos
La federación no llega a este debate con las manos vacías. FADEEAC, junto con la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), realizó entre 2021 y 2024 un relevamiento exhaustivo de más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. Los resultados de ese trabajo fueron entregados formalmente a autoridades nacionales, provinciales y municipales como insumo para la planificación y toma de decisiones en materia de infraestructura. Este antecedente refuerza la legitimidad del reclamo y evidencia que el sector cuenta con información técnica sólida para sostener su postura.
Estado actual del expediente y perspectivas
Por el momento, el expediente se encuentra en una etapa inicial. El juez a cargo solicitó información a los organismos nacionales involucrados, y una vez cumplida esa instancia deberá resolver sobre la medida cautelar solicitada por los presentantes. El mantenimiento de rutas nacionales como obligación del Estado sigue siendo el eje central del debate, tanto en los tribunales como en el ámbito del sector logístico y de transporte.
Lo que este caso deja en evidencia es que la falta de inversión sostenida en la red vial no solo perjudica a quienes circulan por las rutas, sino que repercute en toda la cadena logística del país. Cuando el mantenimiento de rutas nacionales se descuida, los costos se trasladan al sector privado, que los absorbe en forma de mayor desgaste de flota, más accidentes y fletes más caros para el consumidor final. En ese sentido, el amparo entreriano puede marcar un precedente relevante para el conjunto de la infraestructura vial argentina.
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