El Estado decidió no renovar los decretos que prohibían la venta al exterior de chatarra metálica. Según el ministro Federico Sturzenegger, la medida busca fomentar el reciclaje, generar oportunidades para pequeñas empresas y abrir nuevos mercados internacionales
El Gobierno nacional ha tomado la decisión de no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que prohibían la exportación de desechos metálicos y no ferrosos. Esta medida permite nuevamente la venta de chatarra al exterior, algo que no se había podido realizar desde 2009.
El anuncio fue realizado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta en X. “El presidente Javier Milei ha manifestado en varias ocasiones que el poder del Estado no debe ser utilizado para redistribuir ingresos de manera arbitraria entre los actores de un mercado. Por ello, decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) que prohibían la exportación de desechos metálicos y no ferrosos”, explicó.
“Esta prohibición era perjudicial por diversas razones. Primero, al deprimir el precio local de los desechos, desincentivaba el reciclaje. Además, prohibía múltiples negocios de reciclaje para amplios sectores de la economía, como los cables de cobre desechados por las empresas telefónicas, que tienen un mercado activo para su reciclaje en el exterior. En los últimos meses, hemos recibido numerosos mensajes de empresas cuyos negocios estaban restringidos por esta prohibición”, continuó el ministro.
“De esta manera, esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclaje), al tiempo que se perdían cientos de negocios de valorización de residuos. La norma original fue implementada en julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Sin embargo, como suele ocurrir en Argentina, lo transitorio se convirtió en permanente, renovándose con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, agregó Sturzenegger.
“La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad sobre el lobby”, concluyó el ministro.
Los argumentos de la prohibición
Los decretos 1040/2020 y 70/23, publicados durante la presidencia de Alberto Fernández, prorrogaron en su momento la suspensión de la exportación de nueve posiciones arancelarias, principalmente chatarra y desechos metalúrgicos de hierro, acero, cobre, aluminio y otros similares.
Entre los considerandos, las normas argumentaban que la industria siderúrgica argentina utilizaba desperdicios y desechos de hierro y acero como insumo, junto con el mineral de hierro, para la elaboración de acero. Además, señalaban que Argentina carecía de un abastecimiento fluido de chatarra de esos metales, lo que afectaba el aprovisionamiento de este insumo para su desarrollo.
Fuentes del Gobierno anterior habían indicado a Infobae que suspender la exportación tenía como objetivo “aumentar la oferta de metales básicos y, en consecuencia, reducir sus precios en el mercado interno”.
De esta forma, se buscaba “mejorar no solo la competitividad de las empresas metalúrgicas, sino también la de todas aquellas industrias a lo largo de la cadena de valor que requieren acero, cobre y/o aluminio para su producción”.
“Por ello, se decidió continuar con la suspensión de las exportaciones, tanto definitivas para consumo como también con destinación suspensiva temporaria, de desperdicios de hierro, acero, aluminio y cobre que clasifiquen en las respectivas posiciones arancelarias”, señalaban los argumentos de ese decreto firmado en febrero de 2023 que renovaba normas en el mismo sentido.
Ahora, con esta decisión, el Gobierno de Milei busca fomentar la competitividad y la apertura de nuevos mercados internacionales para el reciclaje, incentivando la valorización de residuos y generando oportunidades económicas para pequeñas y medianas empresas del sector. Desde el Gobierno se entiende que la medida también podría generar un impacto positivo en la balanza comercial, al permitir que materiales reciclables se conviertan en una fuente de ingresos en dólares para el país.
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