La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se ha manifestado nuevamente en defensa de la Ley de Glaciares, asegurando que las aclaraciones técnicas promovidas por el Poder Ejecutivo no debilitan la protección ambiental ni amenazan los recursos hídricos.
En un comunicado oficial, la CAEM destacó que la legislación actual ya garantiza la protección de los glaciares que desempeñan una función hídrica esencial y permite que la actividad minera se desarrolle bajo principios de sostenibilidad.
Los representantes de la cámara afirmaron: “Nuestro compromiso es con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial que cumple una función hídrica relevante”, subrayando que las aclaraciones propuestas no implican una flexibilización de los estándares ambientales existentes.
Desde la CAEM, se argumentó que el objetivo de estas aclaraciones es evitar interpretaciones técnicas confusas que puedan resultar en restricciones que no mejoren la protección real del agua.
Un punto crucial del comunicado se centró en el uso del recurso hídrico por parte de la minería. La entidad enfatizó que el sector representa “una fracción muy pequeña del consumo total de agua” en las regiones donde opera.
Según los datos proporcionados, aproximadamente el 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que el 7% restante se distribuye entre diversas actividades industriales, siendo la minería responsable de alrededor del 1% de este consumo.
Además, la CAEM resaltó que gran parte del agua utilizada en los procesos productivos se reutiliza. Se estima que entre el 70% y el 90% del recurso se mantiene en circuitos cerrados dentro de las plantas, lo que reduce significativamente la necesidad de nuevas extracciones.
En este contexto, se destacó que el agua desempeña múltiples funciones en la actividad minera, desde la perforación hasta la separación de minerales, y que su gestión eficiente es clave para la viabilidad de los proyectos.
La CAEM también recordó que la minería en Argentina opera bajo un marco regulatorio estricto. Para iniciar actividades, los proyectos deben presentar informes de impacto ambiental conforme a la Ley 24.585, los cuales se actualizan periódicamente y son auditados por las autoridades provinciales.
Estos controles incluyen la participación de organismos técnicos, universidades y comunidades locales a través de esquemas de monitoreo participativo.
A este esquema normativo, la CAEM añadió la adopción voluntaria de estándares internacionales de sostenibilidad, como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA. Según la entidad, estos protocolos incorporan capas adicionales de control y contribuyen a mejorar la eficiencia en el uso del agua y la gestión ambiental de los proyectos mineros.
El pronunciamiento de la cámara se produce en un contexto de creciente debate público sobre la Ley 26.639, que fue sancionada hace 15 años y establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, creando el Inventario Nacional de Glaciares. Esta normativa prohíbe actividades que puedan afectar estas áreas, con especial atención en la minería y los hidrocarburos.
La discusión se ha reavivado tras el envío al Congreso de un proyecto oficial presentado como “interpretativo”, que busca precisar el alcance de la protección, limitándola a los glaciares y ambientes periglaciales que actúan como reservas hídricas o recargas de cuencas.
Mientras sectores ambientalistas y académicos advierten sobre un posible debilitamiento de la ley, desde la CAEM sostienen que es necesario aclarar técnicamente qué crioformas cumplen un rol hídrico relevante.
Para el sector minero, la definición actual del ambiente periglacial es demasiado amplia y puede incluir formaciones que no aportan de manera significativa al ciclo del agua. Según argumentan, esta situación genera restricciones innecesarias y afecta la previsibilidad de las inversiones. En este marco, la cámara insistió en que avanzar en definiciones más precisas permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, sin comprometer los recursos hídricos.
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