El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y su variante ampliada, el Súper RIGI, no solo generan resistencias en la oposición parlamentaria, sino que también despiertan críticas entre empresarios, consultores y economistas de distintas corrientes. Diego Coatz, director de la consultora I+D y ex directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), es uno de los referentes que viene alertando sobre los riesgos que implica este esquema para la estructura productiva nacional.
Desde una perspectiva liberal, economistas como Roberto Cachanosky sostienen que el régimen contradice el principio básico de que el Estado no debería favorecer a sectores o empresas puntuales por sobre el resto. El argumento central es que un sistema que otorga privilegios impositivos a un grupo acotado de grandes inversores termina distorsionando las reglas del mercado en lugar de simplificarlas.
El riesgo de una fragmentacion impositiva
Una de las advertencias mas fuertes apunta a que el Súper RIGI puede consolidar un mapa tributario profundamente desigual: un grupo reducido de empresas de gran escala gozaria de condiciones fiscales muy ventajosas, mientras que la mayoria de las firmas del pais seguiria soportando una carga impositiva elevada. Esta brecha no solo afecta la competencia interna, sino que tambien desalienta la formalizacion y el crecimiento de empresas medianas que no acceden a estos beneficios.
En ese sentido, Coatz advierte que el diseño actual del Súper RIGI no contempla compromisos concretos orientados a construir redes de proveedores locales, ni incluye programas de transferencia de tecnologia hacia el tejido productivo argentino. Sin esos mecanismos, el regimen corre el riesgo de limitarse a financiar proyectos extractivos en mineria o energia que generan escaso derrame sobre el resto de la economia.
La posicion de la UIA y la demanda por encadenamiento productivo
En su ultima reunion de Junta Directiva, la UIA debatio en profundidad las implicancias del programa. La entidad habia presentado previamente ante la Camara de Diputados una propuesta para que las empresas beneficiarias del Súper RIGI quedaran obligadas a desarrollar una red de proveedores locales. La propuesta establece un minimo del 20 por ciento de contenido nacional, aunque con una aclaracion importante: ese porcentaje no deberia computar a proveedores que participan de manera natural en cualquier proyecto de gran escala, como empresas de suministro energetico o servicios de catering.
La iniciativa busca evitar que el regimen se convierta en un instrumento meramente extractivista, desconectado de las cadenas de valor locales. Para los industriales, la clave esta en que las grandes inversiones que se benefician con ventajas fiscales extraordinarias generen, a cambio, una interrelacion real con el entramado productivo del pais.
Un debate que excede lo fiscal
El debate en torno al Súper RIGI trasciende la discusion impositiva y toca preguntas mas profundas sobre el modelo de desarrollo que propone el gobierno libertario. Criticos de distintos espacios coinciden en que un regimen de incentivos sin condicionalidades productivas puede derivar en enclaves de inversion que no contribuyen a la generacion de empleo calificado, ni a la diversificacion exportadora, ni al fortalecimiento tecnologico del sector privado argentino.
La discusion sigue abierta en el Congreso y en los circulos empresariales. Lo que queda claro es que el Súper RIGI, tal como esta planteado, genera un amplio espectro de cuestionamientos que van mas alla de la oposicion politica y que involucran a actores del propio mundo de los negocios y la produccion industrial.
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