Responsabilizan a gobernadores por la situación actual del presupuesto
El oficialismo ha expresado su preocupación tras la reciente aprobación del presupuesto aprobado en diputados, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Según fuentes del Gobierno, este presupuesto no es útil y pone en riesgo el objetivo de mantener un déficit cero, un principio que se había propuesto como fundamental para la gestión fiscal del país.
La votación, que tuvo lugar en la madrugada, logró la aprobación de la mayoría de los capítulos del presupuesto, excepto el Capítulo XI, que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba esenciales para el ahorro fiscal, como las relacionadas con la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
Desde la Casa Rosada, se sostiene que el proyecto que se enviará al Senado no es aceptable. “Este presupuesto vulnera el déficit cero que queríamos establecer”, afirmó una fuente del Ejecutivo. La eliminación del Capítulo XI se interpreta como un intento de forzar al Presidente a gestionar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable.
Un debate político y económico en juego
El debate actual no se centra solo en aspectos técnicos, sino que tiene profundas implicaciones políticas y económicas. Para el oficialismo, la cuestión es clara: se trata de un enfrentamiento entre el déficit y el superávit, y entre un pasado fiscal descontrolado y un futuro que busca la responsabilidad fiscal.
Los legisladores de La Libertad Avanza argumentan que las leyes vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en peligro el superávit fiscal, lo que a su vez complica la capacidad del Gobierno para cumplir con su mandato electoral. Por lo tanto, el oficialismo deberá decidir su estrategia legislativa en las próximas semanas.
Una opción que se baraja es retrasar el envío del presupuesto al Senado, esperando que se discuta primero el proyecto de Modernización Laboral. Otra posibilidad es modificar rápidamente el texto para reincorporar el Capítulo XI, aunque esto requeriría que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para imponer su versión.
Además, se considera la opción de vetar el propio presupuesto, dado que los bloques opositores tienen incentivos para que el proyecto se apruebe tal como está. “Solo la ley de Discapacidad representa cinco puntos del PIB”, enfatizan desde el Gobierno, que ha decidido no aplicar los fondos correspondientes a esta ley, argumentando que no hay presupuesto asignado para ello.
Un presupuesto prorrogado y la búsqueda de previsibilidad
La administración de Javier Milei ha sido la primera en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional. Durante 2024 y 2025, se mantuvo el texto diseñado para 2023, lo que facilitó la implementación de recortes fiscales en diversas áreas de la administración pública. Sin embargo, este año se busca una mayor previsibilidad en el gasto, algo que también es demandado por gobernadores y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Cámara de Diputados logró aprobar el presupuesto aprobado en diputados con 132 votos, marcando un hito para el oficialismo, que logró su primera media sanción en este tipo de iniciativas. Sin embargo, la votación no estuvo exenta de tensiones, especialmente en relación al Capítulo XI, que fue objeto de controversia y rechazo por parte de varios gobernadores.
En resumen, el futuro del presupuesto y la capacidad del Gobierno para manejar sus finanzas dependerán de las decisiones que se tomen en los próximos días, en un contexto político y económico cada vez más complejo.
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