El Poder Ejecutivo nacional decidió extender por dos años más el funcionamiento de la unidad responsable de coordinar la reorganización del Estado empresarial. La medida fue oficializada a través del Decreto 611/2026, publicado en el Boletín Oficial del lunes 20 de julio de 2026, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma garantiza la continuidad operativa del organismo y amplía sus atribuciones en materia de representación societaria y control de idoneidad de directores.
Los detalles del decreto que extiende la vigencia del organismo
El decreto establece que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas continuará en funciones desde el 19 de julio de 2026 por un plazo de dos años, o hasta que complete los objetivos para los que fue creada, lo que ocurra primero. En los considerandos, el Ejecutivo reconoce que la agencia aún no ha concluido las tareas previstas al momento de su constitución y que resulta indispensable asegurar la continuidad del proceso de transformación del sector público nacional.
El organismo había sido creado en julio de 2024 con el propósito de dirigir y coordinar todas las acciones vinculadas al funcionamiento de las empresas y sociedades del Estado. Entre sus responsabilidades originales se encontraban la supervisión de los planes de acción y presupuesto de dichas entidades, así como los procesos de modificación o transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nuevas funciones incorporadas por la norma
Además de la prórroga en sí misma, el Decreto 611/2026 incorpora dos nuevos objetivos a la misión institucional del organismo. En primer lugar, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrá ejercer la representación societaria del Estado nacional en las empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 24.156, cuando dicha función le sea expresamente asignada. En segundo lugar, deberá llevar adelante el control de idoneidad de los candidatos propuestos por el Estado para integrar los órganos de administración de esas sociedades, con carácter previo a su designación.
Estas nuevas atribuciones otorgan al organismo un rol más activo en la gobernanza corporativa de las empresas estatales, alineando su funcionamiento con los estándares de transparencia y profesionalización que el Gobierno ha planteado como ejes de su política de reforma del Estado.
Cambios en la conducción del organismo
El decreto también introduce modificaciones en la estructura de conducción del organismo. La norma confirma la continuidad de Diego Chaher al frente de la agencia, con rango y jerarquía de secretario. Al mismo tiempo, acepta la renuncia de Luciano Rodolfo Masnú Lardet como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones y lo reubica como subtitular del organismo, con rango equivalente al de subsecretario.
Designaciones y confirmaciones de funcionarios
En cuanto a las nuevas designaciones, el decreto nombra a Cristian Nicolás García como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, cargo que ejercerá de manera ad honorem. Asimismo, la norma prorroga las designaciones de Magdalena González Moreno, Belén Moretti, Milagros Agustina González y Patricio Ezequiel Jaccoud Girart en distintos cargos ejecutivos del organismo, garantizando así la continuidad del equipo técnico que viene llevando adelante las tareas de transformación.
Implicancias presupuestarias y perspectivas del proceso de reforma
El decreto instruye al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes a la agencia en el Presupuesto 2027 y en los ejercicios fiscales posteriores, en los casos que corresponda. Esta disposición refleja la decisión del Gobierno de consolidar al organismo como una unidad permanente dentro del esquema institucional del Estado, al menos mientras dure el proceso de reestructuración del sector público empresarial.
La prórroga llega en un contexto en el que el Ejecutivo ha señalado reiteradamente su voluntad de acelerar los procesos de privatización y reorganización de empresas estatales. La continuidad de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas resulta central para articular esas iniciativas desde un esquema técnico y operativo especializado, con capacidad de intervenir tanto en los aspectos jurídicos y financieros como en la selección de los cuadros directivos que representan al Estado en cada sociedad.
Con esta medida, el Gobierno ratifica que la reforma del Estado empresarial es una política de largo plazo que requiere institucionalidad propia, recursos humanos calificados y una planificación presupuestaria sostenida en el tiempo.
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