En un contexto marcado por la caída de la recaudación y el desplome del consumo, el Poder Ejecutivo nacional avanza en un plan para reforzar los controles sobre el comercio minorista. El objetivo central es ampliar la base de contribuyentes y reducir los niveles de informalidad que, según estimaciones del propio sector, rondan entre el 50% y el 60% en promedio. La fiscalización comercial evasión impositiva se convierte así en uno de los ejes de política económica del gobierno de Javier Milei para los próximos meses.
La reunión con supermercadistas y las demandas del sector
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió recientemente con representantes de las principales cadenas de supermercados del país. Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el titular de la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero. El resultado fue una agenda que combina la necesidad de aumentar la recaudación con las demandas históricas del sector formal.
Las grandes cadenas llevan años reclamando mayor equidad competitiva frente a comercios que operan total o parcialmente en la informalidad. Según referentes del sector, estos negocios no tributan de acuerdo con sus ingresos reales y tampoco cumplen con las obligaciones laborales vigentes. “Los negocios a los que vas y no te dan ticket es porque eso que te venden no está declarado”, señaló una fuente consultada por el medio que publicó la noticia original.
Ventas en rojo y competencia desleal
Las ventas en las grandes cadenas de supermercados registraron una baja del 3,7% anual en abril y acumularon una caída del 3,3% en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con datos oficiales del INDEC. Si bien la variación intermensual desestacionalizada mostró un leve avance del 0,8%, el panorama general sigue siendo adverso.
En ese marco, las cadenas aseguran no haber podido trasladar la inflación a los precios finales, lo que las ubica, según sus propias palabras, “al borde del abismo”. A esto se suma la presión de la competencia desleal que ejercen los comercios informales, que operan con estructuras de costos sensiblemente más bajas al no tributar ni registrar empleados. Como ejemplo de la gravedad de la situación, una cadena con fuerte presencia en el interior del país, Libertad, fue vendida. Tiempo antes, Carrefour había puesto en venta su operación local, aunque finalmente canceló el proceso.
El plan de fiscalización: tecnología e inteligencia artificial
El Gobierno apunta a mejorar la triangulación de datos utilizando la tecnología disponible, e incluso se evalúa el uso de inteligencia artificial para detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y el gasto real de los contribuyentes. La referencia más cercana para este modelo es la experiencia de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires en 2019, bajo la conducción de Andrés Ballotta.
En aquella oportunidad, el organismo porteño fue en busca de los sectores con mayor nivel de evasión en Ingresos Brutos, con foco especial en los comercios de proximidad, donde la subdeclaración era particularmente elevada. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) califican esa iniciativa como “positiva” y esperan que algo similar se replique a nivel nacional.
La informalidad en números concretos
Las estimaciones del sector ubican la informalidad entre el 50% y el 60% promedio del comercio, con picos del 65% en rubros como la carne. Sin embargo, los propios actores aclaran que la mayoría de los comercios no opera en la informalidad de manera total, sino parcial. Un caso frecuente es el del empleado registrado como trabajador part time que en realidad cumple jornadas de 48 horas semanales, mientras el resto del salario se abona fuera del sistema.
Desde la perspectiva oficial, la fiscalización comercial evasión impositiva no solo busca aumentar la recaudación, que cae más de un 5% real en lo que va del año, sino también nivelar el campo de juego entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes evitan hacerlo. “Es fácil hacer la trazabilidad si alguien tiene ingresos por 3 millones de pesos y gasta cuatro veces más”, graficó una fuente del sector.
Paritarias y costos laborales, otro frente en tensión
En paralelo a la discusión sobre evasión, la reunión también abordó el tema de las paritarias del sector comercio. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) indican que los salarios del sector cayeron un 10,5% entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este deterioro del poder adquisitivo generó tensiones entre las cámaras empresariales y la Secretaría de Trabajo.
Desde los supermercados señalaron que la negociación paritaria se da entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la CAME y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). No obstante, con la reforma laboral en marcha, se abre la posibilidad de que las propias cadenas puedan participar directamente en esa mesa de negociación, algo que el sector viene reclamando.
Un debate que excede al comercio
El avance en la fiscalización comercial evasión impositiva pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la distribución de la carga tributaria en la Argentina. Mientras una porción significativa del comercio continúa operando al margen del sistema, los contribuyentes formales enfrentan alícuotas cada vez más elevadas sobre la misma base imponible. El desafío del Gobierno es transformar esta intención en resultados concretos, con herramientas tecnológicas, voluntad política y coordinación entre organismos nacionales y provinciales.
Enlace a la noticia: Ver fuente
