El Gobierno nacional oficializó un nuevo procedimiento para que personas y empresas puedan participar de las subastas públicas vinculadas al proceso de privatizaciones de empresas estatales. La medida quedó establecida mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada en el Boletín Oficial el 29 de julio de 2026. La normativa reglamenta el acceso a las subastas en el marco de la Ley Bases (27.742) y de la Ley de Reforma del Estado (23.696), dos pilares legislativos del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.
La plataforma SUBAST.AR como eje del proceso
La disposición establece que todas las privatizaciones mediante remate público se llevarán adelante en forma electrónica a través de la plataforma SUBAST.AR, el sistema oficial de subastas del Estado nacional. A través de dicha plataforma podrán venderse activos de empresas públicas, acciones, cuotas del capital social o establecimientos productivos, según la modalidad que defina el Poder Ejecutivo para cada operación en particular.
Para operar en SUBAST.AR, los participantes deberán registrarse como oferentes a través del sistema COMPR.AR, ingresando al apartado correspondiente a “Subasta Pública”. Sin embargo, quienes ya estén incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y hayan completado la inscripción y validación en el módulo de privatizaciones quedarán exceptuados de ese requisito adicional, simplificando así el proceso de habilitación.
Requisitos de inscripción para los interesados
A partir de la entrada en vigencia de la disposición, los interesados en participar de las subastas deberán inscribirse previamente en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, disponible dentro de la plataforma CONTRAT.AR. Este requisito es indispensable para intervenir en cualquier convocatoria pública. No obstante, quienes ya se encuentren registrados en ese módulo específico podrán participar de futuras convocatorias sin necesidad de realizar un nuevo trámite, en línea con el procedimiento aprobado durante 2025.
La normativa también contempla a los concesionarios inscriptos bajo la Ley 17.520, quienes podrán intervenir en las subastas siempre que los procesos se desarrollen bajo el marco de las leyes de privatización y reforma del Estado. Asimismo, la resolución dispone que el usuario designado como Administrador Legitimado deberá coincidir en los sistemas SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR, tanto para los participantes en privatizaciones como para los concesionarios alcanzados por la normativa.
Los procesos más avanzados del programa de privatizaciones
La reglamentación se conoce en un momento en que el Ejecutivo avanza con distintas operaciones previstas para los próximos meses. Entre los procesos más adelantados figura el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuyo cronograma prevé la apertura de los sobres técnicos a fines de agosto y la presentación de las ofertas económicas durante septiembre. Según estimaciones del sector, el Tesoro podría recibir como mínimo 500 millones de dólares por esa operación.
Termoeléctricas y el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles
Además del caso de AySA, continúan en preparación las licitaciones para las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. En paralelo, el Poder Ejecutivo convocó esta semana a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, en la provincia de Mendoza, junto con la venta del cien por ciento de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. El proceso se lleva adelante en forma conjunta entre el Estado nacional y el gobierno provincial, y la concesión tendría una duración de 30 años.
Un marco unificado para los futuros procesos
Con la nueva disposición, el Ejecutivo busca unificar y estandarizar el procedimiento de inscripción para los futuros procesos de privatizaciones y concesiones, estableciendo requisitos comunes para todos los potenciales oferentes que participen de las subastas públicas del Estado. La medida apunta a dotar de mayor transparencia y previsibilidad a un programa que forma parte central de la estrategia de reformas estructurales del Gobierno, que tiene como objetivo reducir el peso del Estado en la economía y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
El avance normativo muestra que la administración Milei no solo mantiene el rumbo en materia de privatizaciones, sino que también trabaja en la arquitectura institucional necesaria para garantizar que los procesos se desarrollen con las formalidades que exige la legislación vigente y con la participación de los inversores privados, tanto nacionales como internacionales.
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