El Ejecutivo nacional dispuso una nueva ampliacion de titulos publicos por un valor efectivo total de $221.119,5 millones con el objetivo de saldar deudas pendientes con contratistas del sector de infraestructura publica. La medida fue oficializada mediante la Resolucion Conjunta 59/2026 de las Secretarias de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletin Oficial, y representa un paso concreto dentro del esquema de regularizacion de obligaciones acumuladas durante los ultimos anos.
Esta nueva emisión de deuda forma parte del denominado Regimen Simplificado de Extincion de Obligaciones de Contratos de Obra Publica, un mecanismo disenado para cancelar acreencias sin recurrir a pagos directos en efectivo, sino mediante la entrega de instrumentos financieros del Tesoro Nacional capitalizables en pesos.
Que obligaciones cubre el regimen y quienes estan alcanzados
El regimen contempla un amplio espectro de deudas acumuladas en el sector de la construccion publica. Puntualmente, abarca obligaciones correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios generadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, incluye deudas derivadas de contratos extinguidos a partir del ano 2024.
Las empresas habilitadas para acceder al beneficio tuvieron tiempo hasta mediados de agosto del corriente ano para adherirse al mecanismo. Segun establece la resolucion, los titulos emitidos seran utilizados para atender obligaciones correspondientes tanto a la Secretaria de Transporte como a la Secretaria de Obras Publicas, dos de las areas con mayor volumen de deuda acumulada frente a contratistas privados.
El impacto sobre el sector de infraestructura y transporte
La deuda con contratistas de obra publica viene siendo una de las problematicas mas sensibles del sector desde hace varios anos. Empresas constructoras e ingenieros civiles acumularon acreencias significativas producto de retrasos en los pagos de certificados, ajustes de precios no reconocidos en tiempo y forma, y la rescision de contratos en el marco de los recortes presupuestarios implementados desde 2024. Esta nueva emisión de deuda apunta a reducir esa presion sobre el sector privado, que en muchos casos financio la continuidad de obras con capital propio.
Como se instrumenta el pago: composicion de la canasta de titulos
Un aspecto central de la medida es que la cancelacion no se realizara en efectivo. En cambio, el Gobierno optara por entregar a los contratistas una canasta compuesta por tres titulos publicos en pesos, computados a su valor tecnico correspondiente al dia habil anterior a la fecha efectiva de entrega. Este esquema permite al Tesoro diferir el impacto fiscal inmediato y distribuirlo en el tiempo a traves de vencimientos escalonados.
Distribucion de los instrumentos financieros
La composicion de la canasta quedo definida de la siguiente manera:
El 33% corresponde a Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, con una emision que podra ampliarse hasta un valor nominal original de $60.000 millones. Otro 33% se canalizara a traves de Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, con un limite de hasta $51.000 millones de valor nominal. El 34% restante estara compuesto por Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, con una ampliacion autorizada de hasta $60.000 millones de valor nominal original.
De este modo, la nueva emisión de deuda queda distribuida en tres tramos con vencimientos que se extienden entre octubre de 2026 y abril de 2027, lo que le otorga al Tesoro un margen de tiempo para administrar los pagos sin presionar de manera abrupta sobre las reservas ni el flujo de caja del sector publico.
Autorizaciones tecnicas y marco institucional
La resolucion tambien habilita a los titulares de la Oficina Nacional de Credito Publico, la Direccion de Administracion de la Deuda Publica y otras areas tecnicas competentes a suscribir toda la documentacion necesaria para instrumentar las operaciones vinculadas a esta emision. Esto incluye la firma de contratos, acuerdos y cualquier otro instrumento juridico requerido para formalizar la entrega de los titulos a los acreedores.
El esquema refleja la estrategia del Ejecutivo de gestionar el pasivo acumulado frente al sector privado de la construccion mediante herramientas de mercado, evitando erogaciones directas que pudieran afectar el equilibrio fiscal que el Gobierno sostiene como eje de su politica economica. Al mismo tiempo, ofrece a las empresas contratistas una via de cobro concreta, aunque diferida en el tiempo y sujeta a las condiciones del mercado de titulos publicos en pesos.
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