Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bajo el expediente 3411-D-2026, con la firma del diputado santafesino Esteban Paulón, propone crear un Sistema Nacional de Vigilancia Marítima apoyado en aeronaves no tripuladas de gran porte. La iniciativa pone sobre la mesa el uso de drones pesca Mar Argentino como herramienta central para el control soberano de los espacios marítimos, pero al mismo tiempo introduce una modificación al sistema de multas por pesca ilegal que genera serias interrogantes entre los actores del sector.
Una nueva capa tecnologica para el control maritimo
El corazon tecnologico del proyecto reside en los articulos 8 y 9, que contemplan aeronaves no tripuladas de gran porte equipadas con estaciones de pilotaje remoto, enlaces de comando y control, y sistemas capaces de cubrir extensas superficies oceánicas. La idea es que estas plataformas complementen a los buques y aviones tripulados, amplien la capacidad de observacion y reduzcan el costo de mantener presencia permanente en el mar.
Desde el punto de vista operativo, el atractivo es evidente. Una aeronave sin tripulacion puede sostener misiones prolongadas, documentar maniobras y orientar la intervencion de unidades navales sin exponer personal en cada vuelo. Sin embargo, el proyecto presenta un problema de base: utiliza una clasificacion de drones que ya no esta vigente. Desde 2025, la ANAC regula estas operaciones segun su nivel de riesgo y no mediante las antiguas categorias citadas en el texto. Este detalle revela la velocidad con que evoluciona la tecnologia y la dificultad de convertirla en politica de Estado con legislacion actualizada.
Una estructura nueva sobre organismos que ya existen
La propuesta crea un Servicio Nacional de Vigilancia Maritima con participacion de Defensa, Prefectura Naval, Cancilleria y areas nacionales de pesca, hidrocarburos, ciencia y ambiente. El problema es que estas funciones ya estan distribuidas entre el Comando Conjunto Maritimo, la Prefectura y el Sistema Guardacostas, que integra posicionamiento satelital, datos AIS, seguimiento de largo alcance e imagenes satelitales para monitorear en tiempo real los movimientos de los buques.
Sin un diagnostico preciso de las brechas del sistema vigente y sin una evaluacion de costos y beneficios, resulta dificil determinar si la nueva estructura mejoraria efectivamente el control maritimo o si simplemente añadiria una capa burocratica costosa sobre herramientas que ya funcionan.
El debate sobre las multas por pesca ilegal
Mas alla del componente tecnologico, el articulo 13 concentra la mayor controversia del proyecto. Alli se propone reemplazar el articulo 51 bis de la Ley Federal de Pesca para establecer, ante casos de pesca sin permiso o sin autorizacion de captura, una multa equivalente al 300 por ciento del valor de mercado de la capacidad maxima de carga del buque al momento de la detencion.
El problema es que la capacidad de bodega es una magnitud fisica, expresada en toneladas o metros cubicos, y no tiene una cotizacion propia en el mercado. Para convertirla en dinero habria que definir que especie se toma como referencia, en que estado de procesamiento, con que rendimiento, en que puerto y segun que mercado. Una misma bodega puede transportar merluza, calamar, langostino u otros productos con valores completamente distintos. La ambiguedad de la formula abre la puerta a interpretaciones dispares entre autoridades y a litigios administrativos y judiciales en torno a cada valuacion.
Del sistema de Unidades Pesca a una sancion sin escala clara
El regimen vigente calcula las multas mediante Unidades de Pesca, cuyo valor se actualiza con el precio del gasoil. El esquema establece minimos y maximos y diferencia entre distintas infracciones: pesca sin autorizacion de captura, falta de cuota, actividad en zona de veda y pesca sin permiso. El administrado conoce la unidad, la escala y los limites, lo que otorga previsibilidad al sistema sancionatorio.
El proyecto no añade el 300 por ciento como agravante: reemplaza el articulo completo. Al hacerlo, elimina del texto la definicion de la Unidad Pesca y las escalas que sirven de referencia para el resto de las infracciones. En terminos practicos, podrian quedar sin base cuantitativa clara otras faltas vinculadas con declaraciones, monitoreo, vedas, artes de pesca y desembarques.
Una sancion eficaz no solo debe ser elevada; tambien debe ser previsible, proporcional y ejecutable. Si la base de calculo depende de variables que la ley no define, el resultado probable es que cada multa termine discutiendose en sede administrativa y judicial antes de hacerse efectiva, restando eficiencia al sistema de control.
El financiamiento del sistema y el rol de los drones pesca Mar Argentino
La iniciativa busca sostener la nueva estructura con los fondos recaudados por infracciones cometidas en el ambito maritimo. El 40 por ciento se destinaria al plan nacional de vigilancia, el 30 por ciento a equipamiento y tecnologia y el 20 por ciento a investigacion y capacitacion. Este esquema vincula directamente el funcionamiento del sistema con la recaudacion por sanciones, lo que podria generar incentivos distorsivos si las multas se aplican de manera discrecional para garantizar el financiamiento del organismo.
En ese marco, el debate sobre el uso de drones pesca Mar Argentino no puede separarse del debate sobre las reglas sancionatorias. Incorporar tecnologia de vigilancia avanzada sin un sistema de multas claro y proporcional equivale a aumentar la capacidad de deteccion sin asegurar que las consecuencias de esa deteccion sean justas y ejecutables.
Soberania maritima y modernizacion: una agenda que requiere precision
Nadie pone en duda la necesidad de modernizar el control sobre el Mar Argentino. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa una amenaza real para los recursos naturales y la soberania nacional. Dotar al Estado de herramientas tecnologicas mas eficientes, como el despliegue de drones pesca Mar Argentino, es una direccion valida y necesaria. Sin embargo, para que esa modernizacion sea efectiva, el marco legal que la sustenta debe ser tecnicamente solido, juridicamente claro y operativamente viable.
El proyecto del diputado Paulón abre una discusion relevante, pero aun requiere ajustes sustanciales: actualizar la clasificacion de aeronaves a la normativa vigente de la ANAC, precisar el metodo de valuacion de las multas, articular la nueva estructura con los organismos ya existentes y justificar con datos concretos la necesidad de crear un nuevo sistema en lugar de fortalecer el que ya opera.
Enlace a la noticia: Ver fuente
