
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) emitió un comunicado formal en el que expresa su profunda preocupación ante la falta de acatamiento por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) a los términos de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La situación escala con rapidez y amenaza con convertirse en un conflicto de alcance nacional con consecuencias directas sobre el flujo del comercio exterior argentino.
La CPPC presentó una denuncia formal ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Dra. Mara Mentoro, solicitando la urgente intervención de la autoridad competente y la aplicación de las sanciones correspondientes por la ruptura de la paz social que el incumplimiento representa.
Que implica la conciliación obligatoria y por que su cumplimiento es ineludible
La conciliación obligatoria es un mecanismo jurídico previsto en la legislación laboral argentina cuyo objetivo es suspender temporalmente las medidas de fuerza mientras las partes retoman el diálogo bajo la supervisión del Estado. Su incumplimiento no solo constituye una infracción legal, sino que también desestructura el proceso negociador y perjudica a terceros que nada tienen que ver con el conflicto, como transportistas, exportadores y la economía regional en su conjunto.
En este contexto, la Cámara de Puertos Privados denuncia incumplimiento conciliación obligatoria con plena documentación respaldatoria y exige que las autoridades laborales actúen con la celeridad que la gravedad del asunto impone.
Situacion critica en el Puerto de Bahia Blanca: mas de 400 camiones varados
El epicentro de la crisis se ubica en el Puerto de Bahía Blanca, uno de los complejos portuarios más estratégicos del país en materia de exportación de granos. Delegados gremiales de URGARA comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores operativos.
Si bien la realización de horas extra es opcional según la legislación vigente, en la operativa agroexportadora constituye una práctica habitual, continua e indispensable. Este régimen de trabajo está enmarcado en la modalidad 24×365, según lo establece el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 639/2011. Su aplicación garantiza la fluidez del comercio exterior y, al mismo tiempo, representa un componente significativo del salario de los trabajadores involucrados.
La negativa a cubrir vacantes o adscribir tareas momentáneas entre sectores genera una desarticulación inmediata de la logística de recepción portuaria. Las consecuencias ya son visibles y cuantificables: se registran más de 400 camiones varados y gravemente demorados en las inmediaciones del puerto, lo que genera un impacto severo sobre el transporte terrestre, el flujo agroindustrial y los compromisos de exportación de granos del país.
Impacto en la cadena agroindustrial y en el comercio exterior
La parálisis en Bahía Blanca no es un problema aislado. El puerto concentra una proporción relevante de las exportaciones cerealeras y oleaginosas de Argentina, por lo que cualquier demora en su operatoria repercute directamente en los compromisos asumidos frente a compradores internacionales, en los costos logísticos de toda la cadena y en la imagen del país como proveedor confiable de granos a nivel global. Cada hora perdida en la operativa portuaria se traduce en pérdidas económicas concretas para productores, exportadores y transportistas.
Una propuesta salarial superadora que supera el indice inflacionario
En el marco del conflicto salarial que originó la disputa, la Cámara de Puertos Privados Comerciales señala que, en la mesa formal de negociación previa al dictado de la conciliación obligatoria, presentó una oferta económica superadora y por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para el período enero-diciembre de 2026, que se ubica en el 31,99%. Esta cifra supera la inflación anual estimada tanto por el Gobierno Nacional como por los principales organismos técnicos, que proyectan un 30,20%.
Además de ese incremento porcentual, la propuesta incluye el otorgamiento de una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para la tercera categoría del convenio, con montos proporcionales para las categorías restantes. La entidad patronal ofreció cancelar dicha suma en tan solo dos cuotas consecutivas a partir del mes de agosto, demostrando así una voluntad concreta de resolver el diferendo salarial con rapidez y en condiciones favorables para los trabajadores.
La CPPC exige que se respete el marco legal y la autoridad de aplicacion
A pesar del esfuerzo del sector privado por preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto inflacionario, URGARA optó por desatender la intimación oficial de prestar servicios en forma normal y habitual. La Cámara de Puertos Privados denuncia incumplimiento conciliación obligatoria como un acto que vulnera el ordenamiento jurídico vigente y que pone en riesgo la sustentabilidad de la operación portuaria en momentos críticos para la economía nacional.
La CPPC hace un llamado a las autoridades laborales a intervenir de manera inmediata, aplicar las sanciones legalmente previstas y restablecer la normalidad operativa en el Puerto de Bahía Blanca. Al mismo tiempo, reitera su disposición a continuar negociando en el marco del diálogo formal, siempre que ambas partes respeten las reglas establecidas por el Estado.
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