El Gobierno nacional enfrenta el primer conflicto de magnitud derivado de su política de desregulación económica. Apenas entró en vigencia el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger y firmado por el presidente Javier Milei con el objetivo central de reducir los costos portuarios y aumentar la competencia en el sector, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país resolvieron interrumpir sus servicios por tiempo indeterminado. El boicot, calificado como inédito en la historia del sector, busca forzar la suspensión de la nueva normativa antes de que esta quede plenamente consolidada en la operatoria del comercio exterior argentino.
La respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar. La Prefectura Naval Argentina distribuyó intimaciones individuales a cada profesional habilitado, exigiéndoles retomar de manera inmediata la prestación del servicio y advirtiéndoles que la negativa podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos. El organismo recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación, por lo que su interrupción no puede supeditarse a condicionamiento alguno.
Qué establece el Decreto 690 y por qué apunta a los costos portuarios
La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y forma parte de la estrategia oficial para reducir el denominado “costo argentino”. Según el Gobierno, el sistema anterior había generado barreras de ingreso artificiales para nuevos prestadores, lo que limitaba la competencia y elevaba los costos portuarios y logísticos que debe afrontar el comercio exterior del país.
Principales cambios introducidos por la normativa
Entre las modificaciones más relevantes que establece el decreto se encuentran las siguientes:
Se crea un registro abierto de prácticos habilitados, administrado por la Prefectura Naval, que permite a los usuarios contratar libremente al prestador de su preferencia. Se eliminan las restricciones para el ingreso de nuevos profesionales al sector. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) queda a cargo de fijar tarifas máximas y de garantizar la publicidad de los precios para favorecer la competencia efectiva.
Además, se elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, se amplían las dimensiones de los buques a partir de las cuales es obligatorio contratar el servicio y se crean zonas donde dicha asistencia ya no será requerida. También se incorporan mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al presentar la reforma. El funcionario subrayó que las modificaciones apuntan directamente a abaratar la operatoria y hacer más eficiente el flujo de cargas a través de la Hidrovía.
El boicot y sus primeras consecuencias operativas
Los profesionales alcanzados por el decreto acordaron no prestar servicios a bordo de ningún buque argentino o extranjero que requiera su asistencia, hasta tanto el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación de la norma. Entre las principales objeciones que esgrimen, cuestionan la ampliación de las exenciones al uso obligatorio de prácticos, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros acrediten mediante declaración jurada el conocimiento de la zona para navegar sin asesoramiento profesional, y los cambios en las condiciones de embarque y desembarque. Asimismo, anunciaron que preparan una denuncia penal contra los funcionarios que suscribieron el decreto, al entender que las modificaciones ponen en riesgo la seguridad de la navegación.
Impacto sobre la actividad portuaria
El conflicto ya comenzó a mostrar consecuencias concretas. Una de las primeras maniobras afectadas involucró al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para operaciones vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La embarcación debió permanecer fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico disponible para el ingreso, lo que postergó el inicio de tareas relacionadas con el tendido de infraestructura submarina.
Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. Su participación es obligatoria en gran parte de la navegación comercial por las características particulares de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país, lo que convierte a este conflicto en una amenaza directa sobre uno de los engranajes centrales del comercio exterior argentino.
Las intimaciones de la Prefectura Naval
En los documentos distribuidos a los profesionales, la Prefectura Naval exigió que cada uno ponga sus servicios a disposición “sin condicionamiento alguno” y advirtió que promoverá de oficio las denuncias penales e instruirá sumarios administrativos frente a cualquier incumplimiento. La intimación cita específicamente el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave. El organismo también aclaró que se encuentran plenamente garantizadas las condiciones de seguridad para el traslado, embarque y desembarque de los profesionales.
La disputa abre un frente inédito dentro de la agenda desreguladora del Ejecutivo. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir los costos portuarios, dinamizar la competencia y mejorar la eficiencia del comercio exterior, los profesionales del sector respondieron con un boicot operativo que ya empieza a repercutir en la actividad de los puertos argentinos y que pone a prueba la capacidad oficial de sostener sus reformas frente a la resistencia organizada de los actores involucrados.
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