Avanzan las desregulaciones en el Estado: ordenan evaluación de normativas obsoletas
El Gobierno nacional ha dado un paso significativo en su proceso de desregulaciones en el estado, al ordenar a cada dependencia del Estado que realice una evaluación exhaustiva para identificar qué normativas pueden ser derogadas debido a su obsolescencia. Esta medida se formalizó a través del decreto 90/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Objetivo de la Evaluación
El decreto establece que las jurisdicciones y entidades deben llevar a cabo un relevamiento normativo para identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten innecesarias o que no se ajusten a los criterios establecidos. Cada organismo tiene un plazo de 30 días para presentar un informe al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que incluirá un listado de leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), y otros tipos de normativas que caen dentro de su competencia.
Este informe debe detallar qué normas se sugieren para ser derogadas o modificadas, junto con la justificación correspondiente. Se han establecido criterios específicos para la evaluación, que incluyen:
- Normas que resulten obsoletas o redundantes.
- Regulaciones que establezcan trámites innecesarios.
- Restricciones que distorsionen los precios de mercado o impidan la libre iniciativa privada.
- Normativas que generen costos innecesarios en el sector productivo.
- Creación de monopolios artificiales o barreras de entrada en sectores donde es posible la competencia.
El Gobierno argumenta que esta iniciativa se alinea con las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación del Sector Público, buscando generar mejores regulaciones y promover el crecimiento económico. Se espera que este proceso no solo facilite la gestión de los recursos públicos, sino que también permita al Estado enfocarse en normativas más relevantes y prioritarias, brindando respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos.
La eliminación de normas innecesarias es vista como una forma de mejorar la claridad del marco legal, facilitando su interpretación y aplicación, lo que a su vez reduce la incertidumbre jurídica. Esta acción busca mitigar la inseguridad jurídica que afecta a los ciudadanos, promoviendo un ambiente más propicio para el desarrollo económico y social.
En resumen, las desregulaciones en el estado son un paso hacia una administración pública más eficiente y transparente, que busca optimizar el uso de recursos y fomentar un entorno de libre competencia.
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