La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Secretaría de Industria y Comercio emitieron la Resolución Conjunta 3/2025, publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de 2025. Esta resolución exceptúa temporalmente a los vehículos fabricados en EE.UU., bajo las normas Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), de cumplir con el ensayo de protección de peatón, exigido desde el 1° de enero de 2025 para nuevos modelos de las categorías M1 (autos particulares) y N1 (utilitarios livianos).

La decisión responde a un pedido formal de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que argumentó que la normativa estadounidense aún no incluye este tipo de ensayo en sus certificaciones obligatorias, haciendo imposible su cumplimiento en Argentina hasta que se implemente la reforma regulatoria en EE.UU.

El Gobierno ha determinado que la exigencia será aplicable “un año después de la entrada en vigencia de la nueva norma FMVSS” que establezca la obligatoriedad del ensayo de protección de peatón en EE.UU. Hasta entonces, los fabricantes e importadores de automóviles producidos bajo normativa estadounidense podrán obtener la homologación local presentando ensayos realizados en laboratorios internos avalados por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), siempre que cuenten con la certificación conocida como “Blue Ribbon Letter”.

Antecedentes normativos y fundamentos técnicos

El ensayo de protección de peatón fue introducido en Argentina mediante un acuerdo firmado en 2017 entre la ANSV, el entonces Ministerio de Transporte, la Secretaría de Industria y Servicios y las cámaras automotrices, con el objetivo de incorporar estándares de seguridad vial de la ONU (normas ECE europeas o GTR-9).

Este convenio, aprobado por la Disposición 635/2017 de la ANSV, establecía que todos los nuevos modelos de vehículos M1 y N1 debían cumplir con dicho ensayo a partir del 1° de enero de 2025 como condición para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

Sin embargo, la ADEFA solicitó una prórroga específica para los autos diseñados bajo normativa estadounidense, dado que el ensayo de impacto de peatón no es exigido en EE.UU. Además, la entidad advirtió que no existen laboratorios habilitados en Argentina para realizar estas pruebas, lo que hace inviable el cumplimiento del requisito en el corto plazo.

El fundamento jurídico de la excepción se apoya en el artículo 29 del Anexo 1 del Decreto 779/1995, que permite a la Secretaría de Industria y Comercio otorgar dispensas cuando existan “situaciones imprevistas” o “limitaciones técnicas de diseño” que impidan la aplicación de determinadas medidas de seguridad.

La resolución también cita el Decreto 196/2025, que reconoce como válidos los ensayos realizados en laboratorios internos de las plantas automotrices con aval de la NHTSA, reforzando la equivalencia técnica entre los sistemas de homologación argentino y estadounidense.

Impacto y alcances de la medida

La excepción aprobada beneficia directamente a las terminales e importadores que comercializan modelos producidos en EE.UU., como Ford, General Motors, Stellantis, Toyota y Tesla, entre otros. El objetivo oficial es “introducir regulaciones más ágiles y flexibles”, en línea con la política de simplificación y reducción de la intervención estatal en la economía.

Desde el punto de vista institucional, la norma representa una adecuación del marco de homologación automotriz argentino al sistema regulatorio de EE.UU., garantizando la continuidad de las importaciones sin trabas administrativas. La disposición evita demoras en la comercialización de nuevos modelos y mantiene la equivalencia técnica entre ambos mercados, a la espera de que la NHTSA incorpore el ensayo de protección de peatón a las FMVSS.

La excepción tendrá vigencia hasta un año después de que la normativa estadounidense adopte formalmente el requisito, momento a partir del cual las automotrices deberán acreditar su cumplimiento para obtener la homologación local. Esta decisión refleja una armonización técnica temporal y busca preservar la seguridad jurídica y operativa de la industria automotriz, sin alterar los compromisos asumidos en materia de seguridad vial a largo plazo.