El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compareció este miércoles ante la Cámara de Diputados para presentar su primer informe de gestión. Durante la sesión, los legisladores plantearon inquietudes relacionadas con el aumento de la morosidad que afecta a las familias argentinas.
La irregularidad en las carteras de crédito de los hogares ha experimentado un alarmante incremento, cuadruplicándose en el último año y alcanzando un 11,2 por ciento, la cifra más alta en dos décadas.
Diagnóstico y medidas del Gobierno
En respuesta a las preguntas sobre si el Poder Ejecutivo está implementando políticas públicas para prevenir el sobreendeudamiento en el crédito al consumo, el informe presentado destacó que desde la implementación de un nuevo marco de política económica a finales de 2023, el crédito al sector privado ha crecido de manera significativa en términos reales durante los últimos dos años.
Después de casi seis años de declive, se ha logrado duplicar la ponderación del crédito en relación al PIB. El Gobierno subrayó que el sistema financiero actualmente muestra un alto grado de solvencia y liquidez.
En este contexto, se anticipa que las exposiciones a riesgos inherentes a la intermediación financiera comenzarán a aumentar desde niveles controlados para el conjunto de los bancos en Argentina.
Respecto a la política crediticia, se mencionó que tras un periodo de leve flexibilización en 2024 y principios de 2025, las entidades financieras han mantenido sus criterios sin grandes cambios. Sin embargo, desde el segundo trimestre de 2025, han comenzado a endurecer las condiciones para la concesión de créditos en respuesta al aumento del riesgo.
El informe también abordó la preocupación sobre la posibilidad de establecer regulaciones o límites a las tasas de interés aplicadas por proveedores no financieros de crédito (PNFC) para prevenir el sobreendeudamiento familiar. Actualmente, existe un límite legal que establece que la tasa de interés que pueden cobrar los emisores no financieros de tarjetas de crédito no puede superar en un 25% el promedio de tasas del sistema para préstamos personales, según lo publicado por el BCRA.
Los préstamos bancarios representan el 78% del total del crédito otorgado a las familias, mientras que las tarjetas de crédito no bancarias constituyen el 11% restante. Además, se observó que los PNFC tienden a tener una mayor proporción de clientes con ingresos informales, lo que impacta en el monto medio de los préstamos y en las tasas de interés aplicadas.
El Gobierno también destacó que a partir de 2024, se ha observado una expansión en el financiamiento de estos proveedores en un contexto de reducción significativa de la inflación y crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, estos proveedores suelen operar con tasas de interés más elevadas que las entidades financieras, debido a la variabilidad de ingresos de sus clientes y al costo de fondeo más alto.
Finalmente, se abordó la cuestión de cómo el Estado evitará que el sobreendeudamiento familiar se convierta en una crisis sistémica de consumo. El Gobierno argumentó que el crédito a las familias sigue siendo bajo en comparación con estándares internacionales y que, lejos de ser negativo, permite ampliar las posibilidades de consumo.
Se concluyó que el orden macroeconómico, la reducción de impuestos y regulaciones, junto con medidas como la Reforma Laboral, sientan las bases para un crecimiento sostenido en el empleo y los salarios, lo que a su vez permitirá a las familias argentinas mejorar su bienestar en el tiempo.
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