La nueva reglamentación elimina los trabajos para exportar petróleo y gas, priorizando la inversión privada y el desarrollo energético.
El Gobierno argentino ha dado a conocer la reglamentación del capítulo energético de la Ley Bases, una medida que busca asegurar las exportaciones de petróleo y gas. Según el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, la principal modificación consiste en la eliminación del requisito de “no objeción” por parte de la Secretaría de Energía, establecido en el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos.
González afirmó en el foro “El Futuro de la Energía en Argentina”, organizado por el CIPPEC en la embajada de Francia, que “es un Estado que se corre, que deja de intervenir, permitiendo a los privados exportar libremente y fijar las condiciones del mercado”.
Vaca Muerta: un pilar clave
Este anuncio se produce poco después de que YPF y seis socios inscribieran el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con una inversión estimada en USD 3.000 millones, se prevé exportar más de 700.000 barriles diarios de petróleo para 2028. El RIGI ha atraído proyectos en diversas áreas, desde energías renovables hasta gas natural licuado (GNL) y minería. González destacó que estas iniciativas reflejan el potencial del sector privado: “El mercado está demostrando que quiere invertir y nosotros creemos firmemente que esa innovación se dará”.
Impulso a la infraestructura energética
Durante su intervención, el funcionario también subrayó la necesidad de acelerar la producción de petróleo ante una demanda mundial que sigue siendo alta. Además, anticipó que los equipos de perforación en Vaca Muerta podrían duplicarse, pasando de los actuales 33 a 60 en los próximos años. En el sector eléctrico, González reconoció un déficit de inversión en transmisión de USD 10.000 millones. Para abordar este problema, el Gobierno planea licitar obras clave a través del sector privado, como la ampliación del Gasoducto Perito Moreno de TGS, un proyecto que se declarará de interés público y que promete ahorrar al país USD 700 millones anuales en sustitución de importaciones energéticas.
Un cambio cultural en las tarifas
González defendió el ajuste de tarifas energéticas, argumentando que el modelo de subsidios masivos frenaba la inversión y fomentaba el despilfarro. “La sociedad argentina se está adaptando bien al cambio, entendiendo que el costo real de la energía es clave para la eficiencia y el desarrollo”, concluyó.
Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar a Argentina como un actor clave en el mercado energético global, promoviendo un modelo basado en el mercado libre y la inversión privada.
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