El Gobierno nacional dio un paso significativo en la normalizacion de su situacion legal internacional al promulgar la ley que habilita el pago a dos grupos de acreedores que mantuvieron litigios contra el pais durante anos. Con la firma del Decreto 564/2026, que promulga la Ley 27.818 sancionada por el Congreso el 24 de junio, Argentina paga u$s 171 millones y cierra los juicios de los ultimos holdouts, cerrando asi un capitulo que se inicio con el default de 2001 y que se extendio por mas de dos decadas ante los tribunales de Nueva York.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economia Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La ley fue rubricada ademas por el presidente provisional del Senado Bartolome Abdala, el presidente de la Camara de Diputados Martin Menem y los secretarios parlamentarios correspondientes.
Los dos acuerdos que habilitan el pago
La ley aprueba dos acuerdos de conciliacion distintos. El primero, establecido en el articulo 1, corresponde al acuerdo con Bainbridge Ltd., anteriormente denominada Bainbridge Fund Ltd., una sociedad con sede en Bahamas. Segun los terminos del convenio firmado en abril de 2026, el Estado argentino abonara un monto unico de u$s 67 millones para liquidar el litigio radicado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.
El segundo acuerdo, detallado en el articulo 2, involucra a un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Este conjunto incluye ademas a Trinity Investments DAC, Polos Capital Management Limited en representacion de los fondos Bybrook Capital Master Fund LP y Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, y Redwood Capital Management LLC junto con sus afiliadas White Hawthorne LLC, White Hawthorne II LLC y Bison Bee LLC. Para este caso, el pago asciende a u$s 104 millones, mas el reconocimiento de un monto asegurado de u$s 96 millones correspondiente a colateral Brady que habia quedado embargado y sobre el cual la propia jueza Preska habia fallado a favor de los acreedores en julio de 2025.
En ambos casos, los acreedores se comprometieron a entregar los bonos alcanzados por los reclamos, incluidos los ya prescriptos, para su cancelacion definitiva una vez que el pais complete las transferencias acordadas. Los fondos necesarios para hacer frente a estos compromisos seran imputados a la Jurisdiccion 90 correspondiente al Servicio de la Deuda Publica.
El origen de estos litigios y su relevancia estrategica
Los reclamos de Bainbridge y del grupo liderado por Attestor tienen su origen en bonos argentinos que entraron en cesacion de pagos y cuyos tenedores nunca adhirieron a los canjes de deuda soberana realizados en 2005 y 2010. Estos acreedores, conocidos como holdouts, acumularon con el tiempo sentencias favorables en los mismos tribunales neoyorquinos donde tramitaron historicamente los casos de fondos como NML Capital o Elliott Management.
La resolucion de estos conflictos no es un hecho menor. Al concretarse que Argentina paga u$s 171 millones y cierra los juicios de los ultimos holdouts, el Gobierno de Milei avanza en una estrategia sostenida de regularizacion de litigios heredados vinculados a la deuda soberana. El objetivo declarado es despejar el horizonte legal del pais para facilitar su regreso a los mercados internacionales de capital en condiciones mas favorables.
Un cierre de 25 anos de conflictos juridicos
La magnitud historica de este acuerdo radica en que pone punto final a disputas que se originaron hace un cuarto de siglo. Desde el default mas grande de la historia argentina en 2001, distintas administraciones debieron lidiar con demandas en cortes extranjeras que limitaron el acceso del pais al financiamiento global. Que hoy Argentina paga u$s 171 millones y cierra los juicios de los ultimos holdouts representa la culminacion de ese largo proceso y una condicion necesaria, aunque no suficiente, para reinsertarse plenamente en el sistema financiero internacional.
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