Argentina se posiciona como líder mundial en presión tributaria sobre el sector formal, destacándose entre 30 países de la OCDE.

La razón principal de esta situación es que Argentina es el único país donde la carga tributaria municipal es tan alta como la provincial. Impuestos como Ingresos Brutos y la tasa de seguridad e higiene se aplican sobre los ingresos de los contribuyentes, lo que incrementa la presión tributaria en Argentina.

Las causas de la presión tributaria récord

Según la consultora Focus Market, se han identificado 85 tasas municipales que los contribuyentes deben abonar en sus respectivas jurisdicciones, muchas de las cuales se superponen con los impuestos provinciales. Un 35% de estas tasas generan doble imposición con Ingresos Brutos. Además, los industriales enfrentan un promedio de 7,4 tasas, lo que agrava la situación.

En cada municipio, se pagan en promedio 1,4 tasas, y en más de 30 municipios se tributan dos o más. Lo más preocupante es que el 81% de estas tasas no ofrecen contraprestación de servicios, y en el 51% de los casos, no guardan relación con los servicios efectivamente recibidos.

Las provincias con mayor cantidad de tasas municipales por empresa incluyen Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Por ejemplo, la tasa de combustibles se aplica en 20 municipios del Gran Buenos Aires y en al menos 89 municipios adicionales.

Una salida para el sector privado

Ante este panorama, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ha instado a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos aumentos tributarios y a revertir los incrementos recientes. La CAC también ha solicitado maximizar esfuerzos en la eficiencia del gasto y en la lucha contra la evasión fiscal, con el objetivo de permitir una reducción progresiva de la carga tributaria en Argentina.

La CAC argumenta que esto generará un entorno más propicio para la inversión, la creación de empleo privado y el crecimiento del valor agregado de las empresas, elementos esenciales para el progreso económico y social del país. En este sentido, la asociación ha expresado su rechazo a la creciente presión impositiva en diversas jurisdicciones subnacionales.

Un caso específico es la “Tasa de Protección Ambiental” implementada por el Municipio de Pilar, que puede alcanzar hasta el 2% de la facturación de los comercios. La CAC ha señalado que la voracidad fiscal es un fenómeno extendido que perjudica la actividad económica en todo el país.

Recientemente, la sucursal Lanús de la cadena Changomás incluyó en sus tickets el impacto de un aumento del 3,3% en la tasa de seguridad e higiene aplicada por el municipio. Asimismo, la CAC ha denunciado que una parte significativa de la economía nacional opera en la informalidad, lo que agrava la situación de los contribuyentes cumplidores y hace que muchas actividades productivas se vuelvan inviables.

Finalmente, la CAC ha destacado que esta presión tributaria, si no se controla, podría erosionar los ingresos fiscales que se pretendía aumentar, creando un círculo vicioso de empobrecimiento colectivo. Desde su asunción, la administración nacional ha implementado reducciones en la carga impositiva, eliminando o disminuyendo varios impuestos. Este proceso, aunque gradual, es fundamental para mantener el equilibrio fiscal, que es esencial para la estabilidad macroeconómica.