La Resolución 1878/2025 deroga el esquema arancelario vigente desde los años 90, simplificando habilitaciones y permisos para operadores nacionales e internacionales, y reconfigurando la dinámica operativa del sector.
El transporte automotor de cargas en Argentina está atravesando una de las transformaciones normativas más significativas en las últimas décadas. El Ministerio de Economía ha formalizado, a través de la Resolución 1878/2025, la eliminación total del sistema arancelario que regulaba los trámites del sector desde principios de la década de 1990. Esta decisión marca un cambio hacia una política de desregulación destinada a reducir costos operativos y simplificar los procedimientos administrativos.
Durante más de treinta años, las empresas de transporte enfrentaron pagos obligatorios para obtener, renovar o modificar habilitaciones, permisos de transporte internacional terrestre (bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre – ATIT), así como para registrar y dar de baja unidades. Estos aranceles se establecieron a partir de un marco normativo creado entre 1992 y 2001, cuya implementación fue continua por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Derogación de aranceles y simplificación de procesos
La reciente resolución pone fin a este esquema. La cartera económica ha decidido derogar la normativa que originó el régimen arancelario, eliminando también las disposiciones que definían categorías de trámites, montos y protocolos. Asimismo, se anulan artículos clave de la Resolución 433/2022, que exigían el pago de aranceles para la tramitación del Permiso Originario del ATIT. Esta medida no se limita a una simple gestión administrativa, sino que se enmarca en un enfoque que prioriza la eficiencia, la simplificación y la apertura económica, tal como se indica en los considerandos oficiales. Según los equipos técnicos del Ministerio de Economía y la CNRT, la eliminación de estos aranceles no afectará la capacidad de fiscalización ni los mecanismos de control estatales.
Impacto operacional directo en el sector
En términos operativos, la resolución implica que las compañías ya no estarán obligadas a presentar comprobantes de pago para iniciar o concluir trámites ante la autoridad reguladora. La exigencia de abonar aranceles era uno de los factores que más impacto generaba en la operativa diaria, pudiendo ocasionar demoras en procedimientos esenciales como las habilitaciones y la renovación de permisos.
Para el ámbito del transporte internacional de cargas, la medida reconfigura el proceso para obtener el Permiso Originario ATIT, un documento indispensable para operar entre países limítrofes. Anteriormente, los transportistas debían realizar un pago por cada solicitud, lo que incrementaba tanto los costos como los tiempos. La eliminación de este arancel optimiza la previsibilidad operativa y acelera el inicio o la continuidad de los servicios transfronterizos.
Esta resolución se articula con una serie de decretos y normativas recientes que han redefinido los marcos legales del sector. Los decretos aprobados en 2024 reorganizaron registros, procedimientos y requisitos para los servicios automotores de pasajeros y cargas. La Resolución 1878/2025 complementa este proceso al eliminar un componente considerado obsoleto dentro del nuevo esquema regulatorio.
Desde una perspectiva sectorial, por un lado, representa una reducción directa de costos administrativos en un entorno donde la competitividad se ve cada vez más influenciada por la eficiencia operativa. Por otro lado, facilita un acceso más ágil a la documentación necesaria para asegurar la disponibilidad de una flota habilitada, especialmente en períodos de alta demanda. La medida también envía una señal clara al mercado: el Estado se orienta hacia un marco regulatorio menos centrado en la recaudación y más en el funcionamiento óptimo del sistema. Aunque la eliminación de aranceles no resuelve los desafíos estructurales del sector —como los costos de combustibles, repuestos y mantenimiento—, sí alivia una carga transversal que afecta a empresas de todos los tamaños.
Con su entrada en vigencia inmediata, la desregulación del sistema arancelario inaugura una nueva fase para el transporte automotor de cargas en Argentina. Las empresas deberán aguardar ahora la adecuación de los procedimientos internos de la CNRT y la actualización de los sistemas administrativos, que ya no requerirán comprobantes de pago.
Redacción por dataPORTUARIA
