jueves 19 noviembre 2026

 

Dólares del colchón

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a postergar el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. Se trata de la sexta prórroga consecutiva, y la nueva fecha límite quedó fijada para el 16 de noviembre de 2026. La medida no sorprendió a los especialistas del sector: contadores y tributaristas venían advirtiendo desde hace semanas que los plazos eran insuficientes para implementar correctamente los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal II, en particular los relacionados con el régimen simplificado del impuesto y el tratamiento de los fondos fuera del sistema financiero, comúnmente conocidos como dólares del colchón.

Un historial de postergaciones que se acumula

El cronograma de prórrogas de ARCA comenzó con la Resolución General 5851/2026, que fijó el primer nuevo plazo para el 27 de julio. Desde entonces, el organismo extendió la fecha de presentación en sucesivas oportunidades: al 27 de agosto, luego al 22 de septiembre, posteriormente al 13 de octubre y después al 30 de octubre. Ahora, con este sexto aplazamiento, el vencimiento se traslada al 16 de noviembre. La fecha de pago del saldo, en cambio, se mantuvo sin modificaciones en el 27 de julio.

Este ciclo de postergaciones refleja la complejidad técnica y normativa que implica poner en marcha el nuevo esquema de liquidación del impuesto, impulsado por el propio Gobierno. La falta de reglamentaciones complementarias ha sido el principal obstáculo para que profesionales y contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.

La Resolución General 5916 y sus limitaciones

El lunes previo al anuncio de la nueva prórroga, ARCA publicó la Resolución General 5916, que avanza en la reglamentación del régimen simplificado establecido por la Ley de Inocencia Fiscal II. La norma incorpora disposiciones específicas para grandes contribuyentes y funcionarios públicos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la resolución no cubre todos los puntos pendientes, lo que hace inviable cumplir con los plazos sin generar incertidumbre jurídica para los contribuyentes.

Qué falta reglamentar para que el sistema funcione

Entre las cuestiones normativas que aún permanecen pendientes de definición, los tributaristas identifican varios puntos críticos. El más urgente es la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el llamado “antecedente favorable”. Según la ley, esa regulación debía dictarse dentro de los 15 días hábiles desde el 9 de octubre de 2026, con vencimiento el 2 de noviembre. Esta norma es clave para quienes decidan utilizar fondos no depositados en el sistema bancario, es decir, los dólares del colchón, ya que determina cómo deberán ser tratados esos fondos por bancos, agentes de liquidación y compensación, y demás sujetos obligados a realizar controles de debida diligencia.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó con claridad el problema: “La ley busca proteger los fondos utilizados frente a ARCA, pero los sujetos obligados continúan con sus deberes de debida diligencia, de modo que la forma en que valoren la constancia de adhesión depende de esa norma. Mientras no se dicte, quienes utilicen fondos no depositados en el sistema financiero carecen de una pauta sobre cómo serán considerados esos fondos por bancos, ALyCs y demás sujetos obligados”.

Otros aspectos sin definir

Además de la normativa de la UIF, quedan pendientes otras definiciones igualmente importantes. Entre ellas se encuentran la implementación del servicio de consulta automatizado o API del artículo 40 bis, la forma en que los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos deberán informar sus bienes tanto en el país como en el exterior, y la definición precisa de los llamados “ingresos directos computados improcedentemente”, que configuran una discrepancia significativa sin umbral de importe establecido.

Tampoco está definido qué ocurre con los beneficios del régimen simplificado cuando un contribuyente asume un cargo público después de haberse adherido al mismo, ni cómo debe actualizarse esa situación en el período fiscal en curso. Todos estos vacíos normativos generan una incertidumbre que afecta directamente a quienes planean exteriorizar sus dólares del colchón dentro del marco legal vigente.

El impacto para los contribuyentes y los profesionales

La acumulación de prórrogas y la falta de normativa complementaria genera un escenario complejo tanto para los contribuyentes como para los contadores y asesores que los asisten. La imposibilidad de contar con reglas claras sobre cómo los bancos y entidades financieras deben tratar los fondos exteriorizados demora la toma de decisiones y pone en riesgo la seguridad jurídica de quienes desean regularizar su situación patrimonial.

El nuevo plazo del 16 de noviembre otorga un margen adicional, pero los especialistas advierten que, si no se completan las reglamentaciones pendientes en los próximos días, una séptima prórroga podría convertirse en una necesidad. El caso de los dólares del colchón ejemplifica bien esta situación: la voluntad de regularizar existe, pero el marco normativo aún no ofrece las certezas suficientes para actuar con tranquilidad.

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