La Administración General de Puertos (AGP) dejará de existir y el nuevo organismo buscará eliminar superposiciones y desarrollar una gestión más eficiente y transparente del sistema portuario nacional
Como un ente autárquico, la futura Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) absorberá las funciones y recursos de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
De esta manera, el gobierno llevará a cabo una profunda reestructuración del sector portuario, ya que el nuevo organismo asumirá importantes responsabilidades, como la regulación del puerto de Buenos Aires y la gestión del dragado y balizamiento de la Hidrovía, actualmente en un proceso de licitación que ha suscitado diversas críticas.
Desde el Ministerio de Economía, se destaca que la nueva agencia también estará encargada de fomentar inversiones privadas, reducir los costos logísticos del comercio exterior y modernizar la infraestructura portuaria bajo un enfoque estratégico.
Si se confirma la información, el presidente Javier Milei implementará este cambio mediante un decreto a partir del 1 de enero de 2025, estableciendo que la ANPYN dependerá directamente del ministerio de Economía.
Capacidad de gestión
En cuanto a su ámbito de acción, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación tendrá autarquía económica-financiera, lo que le permitirá operar de manera independiente en términos financieros, con personería jurídica propia y facultades para actuar tanto en el ámbito público como privado.
Además, al absorber las funciones de la AGP SAU, la nueva agencia garantizará la continuidad de los procesos en marcha al asumir las competencias, responsabilidades y funciones que tenían estos organismos.
Según el texto del futuro decreto, la nueva autoridad será responsable de regular y supervisar todos los aspectos relacionados con la habilitación y control de puertos, el dragado de accesos, las concesiones portuarias y la gestión ambiental de las instalaciones. También se fomentará la inversión privada en puertos y vías navegables, en línea con las políticas orientadas a la modernización del sistema logístico nacional.
Uno de los cambios más significativos será la modificación del artículo 22 de la Ley 24.093 sobre actividades portuarias, que designará a la ANPYN como la autoridad encargada de la aplicación de la ley, cuya función será asesorar al Ejecutivo nacional en lo referente a la habilitación de puertos y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Relevancia para el comercio exterior
El nuevo enfoque que propone el Gobierno tiene como objetivo mejorar la competitividad del sistema portuario argentino, incrementando la eficiencia y reduciendo costos en el ámbito logístico. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación también impulsará la colaboración público-privada para fortalecer la infraestructura y los servicios logísticos, con un enfoque especial en los centros de transferencia de carga y las instalaciones ferroportuarias.
En cuanto a la infraestructura, el decreto establece que se implementarán estándares tecnológicos y protocolos de ciberseguridad para los actores del sistema portuario y fluvial. Asimismo, se asumirá un rol activo en la evaluación ambiental de las actividades y proyectos en los puertos y vías navegables, en coordinación con las autoridades pertinentes en cada situación.
Todos estos aspectos son fundamentales para abordar uno de los mayores desafíos que enfrenta Argentina en su comercio exterior, que es sumar eficiencia en sus operaciones logísticas para mejorar la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
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