El Gobierno Nacional avanza en un nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en línea con su política de reducción del gasto público, el gobierno de Javier Milei implementará un profundo cambio en el esquema de subsidios a los servicios de electricidad y gas.

El nuevo sistema, que será progresivo y se pondrá en marcha tras las elecciones de octubre de 2025, redefine el acceso a los subsidios y excluye a un amplio sector de la clase media.

La medida implica un giro respecto al modelo vigente hasta ahora, que se basaba en una segmentación de usuarios según su nivel de ingresos (niveles 1, 2 y 3). Con el nuevo esquema, solo accederán a subsidios los hogares en situación de vulnerabilidad, dejando fuera a los usuarios de ingresos medios, que hasta el momento recibían descuentos parciales.

Según estimaciones preliminares, más de tres millones de personas pertenecientes a la clase media perderán el beneficio, mientras que los sectores más acomodados, que ya pagaban tarifa plena, seguirán fuera del sistema de subsidios.

Si bien el impacto total se verá tras las elecciones, la Secretaría de Energía ya comenzó a aplicar reducciones escalonadas. El nuevo esquema prevé una quita del 65% del subsidio para usuarios de menores ingresos y del 50% para los de ingresos medios, tanto en electricidad como en gas.

El rediseño tarifario también viene acompañado de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) 2025–2030, que abarca tanto el transporte y distribución de gas como la distribución de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En ambos casos, se establecieron senderos de aumentos mensuales del 3% a partir de mayo de 2025, con mecanismos de actualización periódica para evitar el deterioro del valor real de los ingresos de las empresas.

En el caso del gas, la rentabilidad esperada (WACC) será de 7,64% para distribuidoras y 7,18% para transportistas.

Para la electricidad en el AMBA, la rentabilidad se fijó en 6,5%, con actualizaciones mensuales basadas en un índice ponderado entre el IPC (33%) y el IPIM (67%).

Además, se aprobaron planes obligatorios de inversión para el período 2025–2030, con el objetivo de mejorar la infraestructura y asegurar la calidad del servicio.

Para los expertos, este nuevo esquema de subsidios, que busca ordenar las cuentas públicas y fomentar la competencia en el sector energético, tendrá consecuencias directas en la economía local. Mientras los sectores vulnerables seguirán recibiendo ayuda, la clase media deberá afrontar facturas más altas en un contexto económico aún incierto.