Disolución de la AGP: ¿Qué cambios implica para la gestión del comercio exterior en Argentina?
El Gobierno de Javier Milei ha oficializado la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), que se encargaba de la gestión del puerto de Buenos Aires y de la administración de la hidrovía del río Paraná, crucial para el comercio exterior argentino. Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 3/2025, marcando el cierre de la segunda empresa estatal bajo la actual administración.
La normativa establece la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico que dependerá del Ministerio de Economía. Esta nueva agencia asumirá temporalmente la concesión de la Vía Navegable Troncal hasta que se complete la licitación en curso. Posteriormente, la ANPYN se encargará de supervisar y controlar la gestión, ya sea de forma directa o a través de terceros.
El artículo 40 del Decreto 70/23, que derogó la Ley N° 20.705 de Sociedades del Estado, fue mencionado como fundamento legal para esta decisión. Este marco normativo indica que todas las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas sin prerrogativas públicas.
El Gobierno justificó la disolución al señalar que la AGP había incrementado su estructura administrativa y su personal de manera desproporcionada en relación a sus funciones. Además, se nombró a Iñaki Miguel Arreseygor, quien era subsecretario de Puertos y Vías Navegables, como nuevo director ejecutivo de la ANPYN, con rango de secretario de Estado, según el Decreto 5/2025.
Un momento clave para la hidrovía
La disolución de la AGP se produce en un contexto crítico para el comercio exterior argentino. Actualmente, se está llevando a cabo una licitación internacional para el dragado y balizamiento de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país, en un negocio estimado en 9.000 millones de dólares.
Este proceso licitatorio ha generado controversias, ya que la normativa establece que “las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” no pueden participar. Esto excluye a empresas como Shanghai Dredging Co., una subsidiaria de la China Communications Construction Company (CCCC).
Por otro lado, empresas europeas como Jan de Nul, Boskalis y DEME Group se perfilan como principales competidores, dada su experiencia en grandes proyectos de dragado a nivel internacional.
Contexto previo a la disolución
Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la AGP había asumido la gestión de la hidrovía bajo un esquema de administración estatal, involucrando a siete provincias y ocho ministerios. Sin embargo, este modelo mostró problemas de eficiencia y coordinación. Durante este tiempo, la AGP tercerizó las tareas de dragado y balizamiento a empresas como Jan de Nul y Emepa, que eran antiguos concesionarios de la vía.
En 2022, se lanzó una licitación internacional para las obras, pero fue suspendida tras impugnaciones de oferentes, incluyendo la danesa Rohde Nielsen y la mencionada CCCC de China.
Enlace a la noticia 👉 Disolución de la AGP: ¿Qué cambia para la gestión del comercio exterior en Argentina?
“`
