jueves 25 junio 2026

El ministro de Economía definió que gas, luz y combustibles suban por debajo del 2% para enero, con la intención de que el IPC perfore ese piso lo más rápido posible. El sendero de incrementos y la próxima fase del plan económico

El Gobierno apunta todos los cañones a apuntalar desde el comienzo de 2025 la desaceleración de la inflación (REUTERS)

El Gobierno argentino se prepara para iniciar 2025 con un enfoque claro en la desaceleración de la inflación. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha establecido que los aumentos en las tarifas de servicios públicos y combustibles se limitarán a menos del 2% para el mes de enero. Esta medida busca establecer un piso nominal que el Gobierno espera superar rápidamente, facilitando así la implementación de la siguiente fase de su plan económico.

Desde el Palacio de Hacienda, se destacan los logros de la corrección de precios relativos y la eliminación de subsidios que se llevaron a cabo durante el año anterior, tras el congelamiento impuesto por la administración anterior. Este proceso se ha complementado con una tendencia sostenida hacia la desinflación, lo que ha permitido mantener altos niveles de aprobación en las encuestas.

La consultora Economía y Energía ha señalado que los rubros regulados por el Gobierno, que son parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, experimentaron en noviembre un aumento del 257% interanual. En comparación, el IPC general acumuló un 166% y el núcleo, que excluye regulados y estacionales, un 155% interanual.

El capítulo “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” mostró un incremento del 276% en el último año

En este sentido, se ha resaltado que el capítulo “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” mostró un incremento del 276% en el último año, liderando el IPC y superando en 110 puntos a la inflación general. Los aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural, así como las actualizaciones en combustibles, son factores que explican este resultado. Una tendencia similar se ha observado en los precios de “transporte”, “salud” y “educación”.

La tarifa residencial promedio en el AMBA se ha situado, en términos reales, un 34% por encima de lo registrado en 2023 para la energía eléctrica, mientras que el gas natural ha visto un incremento del 51%. En ambos casos, los sectores de ingresos medios y bajos han sido los más afectados por estos aumentos.

Los economistas coinciden en que se ha realizado prácticamente todo el “sinceramiento” en las tarifas de servicios públicos. El reto para el nuevo año será concluir este proceso y ajustar finamente para reducir aún más los subsidios. Sin embargo, los funcionarios son conscientes de que es crucial no poner en riesgo la desaceleración de la inflación, especialmente con miras al período electoral.

Caputo espera dar una señal que esté alineada con los objetivos del Gobierno de llevar la variación del IPC a un nivel que permita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) reducir el ritmo de crawling peg al 1% mensual.

Recientemente, Infobae anticipó que en enero las tarifas de luz aumentarán un 1,6% y las de gas natural un 1,8%, según lo decidido por el Ministerio de Economía. Además, YPF anunció que la nafta y el gasoil incrementarán su precio en un 1,75% promedio en todo el país, gracias a la continuidad del congelamiento del impuesto a los combustibles. También se autorizó un aumento del 1% en las boletas de AySA, aunque la fórmula de actualización que utiliza la empresa estatal indicaba que el incremento debería haber sido del 3% para el primer mes de 2025. La intención del Gobierno es que estos aumentos se mantengan en esta pauta, o incluso sean más bajos, al menos durante el verano.

Caputo busca enviar un mensaje claro en línea con los objetivos del Gobierno, que incluyen llevar la variación mensual del IPC, que pasó del 25,5% en diciembre al 2,4% en noviembre (últimos datos disponibles), a un nivel que permita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortar el ritmo de crawling peg al 1% mensual. Este proceso es una de las condiciones principales que el Gobierno ha establecido para salir del cepo cambiario en 2025 y comenzar un esquema de competencia de monedas.

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