La CNV implementa nuevas exigencias para la reestructuración de deudas en el sector agropecuario
Días después de la cesación de pagos en el agro por parte de tres empresas del sector, que informaron su incapacidad para cumplir con pagarés y obligaciones negociables, el Gobierno anunció un cambio en la normativa que hará más estrictas las reestructuraciones de los instrumentos de deuda más comunes en este ámbito.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció que se añadirán requisitos adicionales, especialmente en lo que respecta a la información que deben proporcionar los emisores a los inversores durante los procesos de canje o reestructuración de deudas contraídas mediante instrumentos como los cheques de pago diferido y pagarés bursátiles.
“La RG N° 1041 introduce ajustes a la normativa, añadiendo requerimientos para los emisores, las Agencias de Bolsa y los mercados que participan en los procesos de canje de estos instrumentos, con el objetivo de asegurar la transparencia y proteger a los inversores”, comunicó la CNV.
La CNV comunicó que sumará requisitos para los procesos de canje o reestructuración de cheques de pago diferido y pagarés bursátiles.
Fuentes oficiales aclararon que la nueva normativa no fue una respuesta directa a las cesaciones de pagos en Agrofina y Los Grobo, que informaron su incapacidad para cumplir con sus obligaciones el viernes pasado. Sin embargo, sí está relacionada con el primer caso de default y reestructuración que se conoció, el de la empresa Surcos.
La CNV, de hecho, impuso una suspensión provisoria sobre Surcos y posteriormente un embargo, considerando que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyeron un delito al emitir obligaciones negociables “sin difundir información que permitiera conocer su real situación financiera”, según la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo.
El delito por el que la CNV denunció a Surcos está tipificado en el artículo 309 apartado 1 inciso B, que establece penas de entre 1 y 4 años de prisión, una multa equivalente al valor de la operación y la inhabilitación para operar a la empresa que “ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.
La CNV enfatizó que “se busca que los inversores cuenten con información plena, completa y necesaria para la toma de decisiones en relación al canje, introduciendo pautas mínimas que deberán ser reglamentadas por las Agencias de Bolsa y los Mercados”, explicó el organismo presidido por Roberto Silva. El Gobierno sostiene que esta normativa tendrá un impacto significativo en las futuras renegociaciones de cheques de pago diferidos y pagarés bursátiles, que permiten a las empresas acceder a financiamiento en condiciones más flexibles que las obligaciones negociables. Surcos, por su parte, había incumplido el pago de 3,5 millones de dólares y $9.364 millones de pesos a principios de diciembre.
Este viernes, dos empresas del grupo Los Grobo (Agrofina y Los Grobo Agropecuaria) informaron a la CNV que, debido a problemas de iliquidez temporal, no podrán cumplir con el pago de pagarés bursátiles por un total de 10 millones de dólares hasta marzo de 2025.
“En un mercado que enfrenta una retracción desafiante, estamos lidiando con una situación de iliquidez transitoria que afecta el pago de los pagarés bursátiles emitidos por las empresas del Grupo. Estamos trabajando para resolver esta situación y analizando todas las alternativas que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, afirmaron desde Los Grobo, controlada mayoritariamente por Victoria Capital Partners.
La discusión sobre la continuidad de los derechos de exportación, más allá de la reciente cesación de pagos en el agro, forma parte de las negociaciones entre el Ejecutivo y las entidades agropecuarias. Desde una de las principales entidades de la Mesa de Enlace coinciden con el diagnóstico oficial, señalando que se trata de un problema de gestión financiera de las empresas afectadas. Sin embargo, también han manifestado la necesidad de definiciones por parte del equipo económico en torno a una hoja de ruta más clara para reducir la carga impositiva sobre el agro. El Gobierno, por su parte, sostiene que no hay una crisis sectorial y atribuye los problemas en la cadena de pagos del agro a “malas decisiones” financieras de las compañías involucradas.
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