Los datos fiscales correspondientes al mes de septiembre pusieron en alerta al Ministerio de Economía. El resultado acumulado durante los primeros nueve meses del año quedó por debajo de las proyecciones necesarias para alcanzar la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el panorama de cara al cierre del ejercicio no luce sencillo. El Gobierno deberá lograr un superávit fiscal extraordinario en octubre y noviembre para compensar el déficit estacional que históricamente genera el mes de diciembre.
El número que preocupa: cuánto falta para cumplir la meta
Entre enero y septiembre de 2026, el saldo favorable acumulado alcanzó los $15,1 billones. La meta acordada con el FMI establece un objetivo de $16,2 billones para todo el año, lo que implica una brecha de $1,1 billones que, a simple vista, podría parecer manejable. Sin embargo, el verdadero problema no reside en esa diferencia, sino en el comportamiento estructural de las cuentas públicas durante el último mes del año.
Diciembre es, por razones históricas y normativas, un mes fuertemente deficitario. El pago del aguinaldo a empleados del sector público y el cierre de cuentas generan un rojo que en 2025 fue de $2,8 billones. Si se proyecta un resultado similar para este año, asumiendo incluso una mejora real del 33% respecto del año anterior, el Ejecutivo necesitaría reunir al menos $3,9 billones de superávit fiscal entre octubre y noviembre para poder compensar ese resultado negativo y cerrar el año dentro de los parámetros acordados con el organismo multilateral.
Un objetivo que luce difícil de cumplir mes a mes
Para lograr ese resultado en apenas dos meses, cada uno de ellos debería aportar aproximadamente $1,95 billones de saldo positivo. La tarea se complica aún más si se considera el contexto macroeconómico: los ingresos fiscales muestran una tendencia a la baja, mientras que el gasto tiende a aumentar por el efecto de la inflación sobre el cálculo de las jubilaciones y otras prestaciones sociales que están indexadas por ley. En ese escenario, mantener un ritmo de ajuste tan exigente implica decisiones de política fiscal de alto costo.
La relación con el FMI y la tercera revisión del acuerdo
Pese a las dificultades, el organismo internacional mantiene una mirada positiva sobre el desempeño de la Argentina. En un contexto global donde la mayoría de los países presenta déficit en sus cuentas públicas, el país se posiciona como uno de los pocos ejemplos de consolidación fiscal. Esto le da al Gobierno cierto margen de maniobra frente al FMI, incluso si no logra cumplir el 100% de la meta establecida.
En los próximos días, el equipo técnico del organismo encabezado por Joyce Wong deberá cerrar el denominado Staff Report, que será enviado al Board del FMI para aprobar la tercera revisión del acuerdo y autorizar un nuevo desembolso de aproximadamente 800 millones de dólares. En ese documento podría quedar registrada una revisión a la baja de la meta fiscal, lo que permitiría dar por cumplido el objetivo sin necesidad de alcanzar los $16,2 billones originalmente pactados.
El visto bueno esperado pese al incumplimiento parcial
Fuentes vinculadas a las negociaciones señalan que sería muy improbable que el FMI abandone el programa con la Argentina por un desvío de esta magnitud. La jefa del organismo, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya avanzaron en la validación de los números del primer semestre. El vínculo político e institucional entre ambas partes parece lo suficientemente sólido como para sostener el acuerdo más allá de los números concretos del cierre de año.
El recurso de pisar pagos: un “truco” con costos políticos
Además de la posible revisión de la meta, el Ministerio de Economía cuenta con otro instrumento contemplado dentro del propio acuerdo: la posibilidad de diferir pagos para mejorar el resultado fiscal en el corto plazo. Este mecanismo ya fue utilizado durante el primer cuatrimestre del año, cuando la deuda flotante trepó de $2 billones a $4 billones.
Sin embargo, este recurso tiene un costo político significativo. A principios de año, la aplicación de esta estrategia implicó la suspensión de pagos a médicos del hospital Garrahan, la falta de actualización de salarios universitarios y el retraso en los subsidios al transporte, lo que derivó en protestas callejeras y un desgaste notable para el oficialismo. Recurrir nuevamente a esta herramienta en el tramo final del año podría generar tensiones similares.
Un tercer año consecutivo de superávit fiscal bajo presión
El Gobierno acumula ya tres años consecutivos de superávit fiscal, igualando la racha registrada entre 2006 y 2008. Ese logro es, sin dudas, uno de los pilares del discurso oficial y un argumento central en la negociación con los organismos internacionales y los mercados financieros. No obstante, mantener ese resultado en un contexto de presiones crecientes sobre el gasto y una recaudación que no termina de recuperarse plenamente plantea uno de los desafíos más complejos del presente para el equipo económico. El cierre del año fiscal 2026 pondrá a prueba la capacidad del Ministerio de Economía para sostener el equilibrio de las cuentas públicas sin sacrificar la estabilidad social ni el cumplimiento de los compromisos asumidos con el exterior.
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