La situación del tejido empresarial argentino continúa deteriorándose a un ritmo preocupante. Según datos oficiales obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública respondido de manera parcial por la Secretaría de Trabajo, hasta el 23 de julio de 2026 ya se habían iniciado 153 procedimientos preventivos de crisis ante ese organismo. La cifra no es menor: tomando en cuenta únicamente los días hábiles transcurridos en ese período, se abrió más de un trámite por día hábil. En lo que va de la gestión de Javier Milei, el total acumulado asciende a al menos 448 solicitudes de este tipo.
Qué son los procedimientos preventivos de crisis y por qué importan
El procedimiento preventivo de crisis es una instancia legal de mediación obligatoria que las empresas deben tramitar ante la Secretaría de Trabajo antes de poder ejecutar despidos o suspensiones masivas motivados por razones económicas o de fuerza mayor. Su objetivo es sentar en una misma mesa a las cámaras empresarias, los sindicatos y el Estado para negociar alternativas que eviten la destrucción de puestos de trabajo. Entre las salidas posibles figuran el adelanto de vacaciones, la reducción de jornadas laborales o los planes de retiro voluntario.
Se trata, en definitiva, de un mecanismo de diálogo tripartito que el sistema laboral argentino prevé como válvula de escape frente a situaciones de estrés económico extremo. Sin embargo, la acumulación de solicitudes a lo largo de los últimos años sugiere que ese mecanismo está siendo sometido a una presión sin precedentes recientes.
La serie histórica en perspectiva
Para entender la gravedad del momento actual, conviene repasar la evolución histórica de este indicador. En 2015 se registraron apenas 33 casos; en 2016, 55; y en 2017, 63. El primer gran salto ocurrió durante la crisis cambiaria del gobierno de Mauricio Macri, cuando los números treparon a 153 en 2018 y 184 en 2019. Luego, la pandemia y las medidas paliativas del Estado redujeron los registros a 26 en 2020 y 24 en 2021. En 2022 fueron 43 y en 2023 se contabilizaron 42 trámites.
Con la llegada de la actual administración, la tendencia se revirtió con fuerza: 131 en 2024, 164 en 2025 y ya 153 en los primeros siete meses de 2026. En otras palabras, en lo que va de este año ya se superó la cantidad de procedimientos preventivos de crisis registrada durante los cuatro años de la gestión anterior en su conjunto.
Un mecanismo bajo estrés extremo
Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, la evolución de estos números indica que “el diálogo social está dando el máximo” en un contexto marcado por la caída de empresas, el retroceso de la actividad económica, la falta de nuevas contrataciones y las desvinculaciones masivas. Según su análisis, el mecanismo “ya de por sí es bastante acotado para crisis extendidas a nivel sectorial” y resulta aún más limitado cuando la situación de estrés afecta prácticamente a toda la actividad económica y laboral del país.
Los datos del mercado laboral formal refuerzan ese diagnóstico. En mayo, 6.791 trabajadores registrados perdieron su puesto. Desde noviembre de 2023, la caída neta de asalariados registrados supera los 337.300, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con trece meses consecutivos de retroceso. Paralelamente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó que la destrucción neta de empresas se aceleró en mayo con una baja de 2.371 unidades productivas, equivalente al 0,49% del total. Ya son más de 30.000 las empresas perdidas en los últimos tres años.
Una nueva ola de cierres y despidos
La divulgación de estos datos coincidió con una semana especialmente golpeada por noticias de despidos y cierres: una empresa alimenticia cerró su planta en Mendoza, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores en Entre Ríos, un frigorífico en Mar del Plata anunció recortes, una firma de electrónica en Tierra del Fuego sumó bajas y una textil en Catamarca hizo lo propio. El panorama para los meses siguientes tampoco luce alentador: la Encuesta de Indicadores Laborales volvió a arrojar resultados negativos, sin señales claras de que el mercado laboral formal haya encontrado un piso.
Lo que el Gobierno decidió no informar
En el mismo pedido de acceso a la información pública con el que se obtuvo el dato sobre la cantidad de procedimientos preventivos de crisis, se solicitaron además otros datos clave: cantidad de trabajadores afectados, sectores con mayor número de empresas en crisis, distribución geográfica de la problemática y cantidad de despidos o suspensiones acordadas en cada caso. El Gobierno decidió no entregar esa información, amparándose en el artículo 5 de la Ley 27.275, que lo exime de revisar individualmente los expedientes y de reclasificar la información.
La negativa genera interrogantes razonables. En un contexto de deterioro sostenido del empleo formal y de una fragilidad empresarial tan visible como la que muestran los propios registros oficiales, la ausencia de datos desagregados impide dimensionar con precisión el alcance real del problema y evaluar políticas de respuesta. La opacidad en torno a los procedimientos preventivos de crisis contrasta con la urgencia que el momento exige.
Señales que no deben ignorarse
El acumulado de 448 solicitudes desde diciembre de 2023 es, en sí mismo, una señal de alerta que merece atención institucional y pública. La comparación con los valores de la crisis cambiaria de 2018 y 2019 muestra que Argentina atraviesa una situación de presión sobre el empleo comparable a uno de los episodios más duros de su historia reciente. Sin datos completos sobre los sectores afectados, la cantidad de trabajadores involucrados y los resultados de las negociaciones, resulta difícil tanto para los actores privados como para la ciudadanía en general evaluar la profundidad del fenómeno y anticipar su evolución.
Lo que los números disponibles sí confirman, con claridad, es que el ritmo de apertura de procedimientos preventivos de crisis no da señales de desaceleración. Y que el mecanismo diseñado para administrar situaciones de emergencia laboral está siendo utilizado de manera masiva en un momento en que el mercado de trabajo formal registra pérdidas netas mes a mes.
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