El contexto del equilibrio fiscal
El equilibrio fiscal bajo presión se ha convertido en un pilar fundamental del programa económico del Gobierno. Tras asumir con un elevado nivel de gasto público heredado, la administración nacional implementó un ajuste significativo que permitió reducir el gasto del 19,6% al 15% del PBI, logrando en 2024 un superávit primario del 1,8% del producto. Un informe macroeconómico de CREA destaca que este recorte incluyó menores desembolsos en infraestructura, subsidios, programas sociales, salarios estatales y transferencias a las provincias.
Durante 2025, el proceso de ajuste continuó, aunque con menor intensidad. La reducción adicional del gasto fue de 0,44 puntos del PBI, acompañada por una leve recuperación de algunas prestaciones sociales, especialmente jubilaciones. A pesar de esto, el resultado fiscal se mantuvo positivo por segundo año consecutivo, con un superávit primario del 1,39% del PBI, lo que refleja una disciplina fiscal que el oficialismo considera esencial para la estabilidad macroeconómica.
Desafíos para el futuro
No obstante, el informe señala que el panorama para 2026 es más complejo. Varias partidas ya se encuentran en niveles mínimos, como la inversión en infraestructura y las transferencias a las provincias. Además, posibles recortes en jubilaciones requerirían reformas legislativas difíciles de implementar. El aumento internacional de los precios de la energía, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, limita el ahorro esperado por la reducción de subsidios. En este contexto, el gasto público ha mostrado escasos cambios en lo que va del año.
Con menos posibilidades de profundizar el ajuste, el enfoque se ha desplazado hacia los ingresos, según el análisis de CREA. La eliminación del impuesto PAIS y la desaceleración de sectores con alta incidencia tributaria, como la industria y el comercio, afectan la capacidad de recaudación. Aunque se mantienen expectativas de crecimiento para este año, los ingresos tributarios acumulados en los primeros meses de 2026 son inferiores a los de 2025, lo que complica el cumplimiento de las metas fiscales.
Nuevas reducciones y prioridades del Gobierno
En paralelo, el Gobierno ha anunciado nuevas reducciones en los derechos de exportación para productos agroindustriales. A partir de junio, el trigo y la cebada verán disminuidas sus alícuotas, mientras que la soja, el maíz y el sorgo iniciarán un esquema de reducción gradual a partir de 2027. Aunque el sector productivo ha valorado la continuidad de estas reducciones, diversas entidades han señalado que se perdió la oportunidad de eliminar completamente el impuesto para ciertos cultivos, especialmente en un contexto de aumento de costos de producción debido al encarecimiento de los fertilizantes.
El informe destaca que “el Gobierno condiciona las bajas de los impuestos a la agroindustria al sostenimiento del equilibrio fiscal y sus metas, pero hay otros sectores que parecen ser más prioritarios, como el minero o el petrolero (RIGI)”. Con un superávit acumulado del 0,5% del PBI y una meta anual del 1,5%, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar tres objetivos simultáneos: mantener la disciplina fiscal, preservar los ingresos tributarios y avanzar en una reducción de la presión impositiva. Mientras el FMI impulsa reformas para fortalecer la recaudación, la administración nacional busca mantener la estabilidad alcanzada.
En conclusión, el equilibrio fiscal bajo presión presenta un escenario complicado para el Gobierno, que debe navegar entre la necesidad de ajustar el gasto y la presión por mantener el superávit sin margen para nuevos ajustes.
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