Actualizaciones clave en el transporte terrestre
El Ministerio de Economía de Argentina ha dado un paso significativo al incorporar dos nuevos protocolos de transporte terrestre en Argentina al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT). Estas modificaciones, formalizadas mediante las Resoluciones 829 y 830, fueron publicadas recientemente en el Boletín Oficial y tienen como objetivo modernizar los procedimientos aduaneros y el régimen de sanciones aplicables a las empresas de transporte internacional.
Estas medidas se enmarcan dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y reflejan los compromisos adquiridos en reuniones multilaterales que se llevaron a cabo entre 2023 y 2025. Ambas actualizaciones entrarán en vigor a los 60 días tras la notificación de cumplimiento de los requisitos internos por parte de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios.
Digitalización del manifiesto de carga internacional
El Octavo Protocolo Adicional, que se incluye en la Resolución 829/2026, actualiza el Anexo I del ATIT, que se refiere a los aspectos aduaneros del tránsito internacional. Uno de los cambios más relevantes es la creación de una base normativa que permite la digitalización completa del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera y la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (MIC/DTA). Este documento es esencial para todas las operaciones de flete terrestre entre los países miembros.
Hasta ahora, el MIC/DTA se gestionaba principalmente en formato papel en muchos de los pasos fronterizos de la región. Con la nueva normativa, se permitirá su declaración a través de sistemas informáticos, facilitando así la gestión electrónica del documento por parte de los operadores logísticos y transportistas. Esto no solo reducirá los tiempos de espera, sino que también eliminará las fricciones documentales en los cruces de frontera.
Además, el protocolo revisa las definiciones de las operaciones de Tránsito Aduanero Internacional y ajusta los estándares exigidos a las unidades de transporte y sus precintos, garantizando la inviolabilidad de la carga según los parámetros internacionales actualizados. También se refuerza el principio de suspensión de gravámenes a la importación y exportación durante el tránsito, redefiniendo las responsabilidades de los declarantes y transportistas a lo largo de la cadena.
Reducción de multas para el transporte automotor regional
La Resolución 830/2026 introduce el Sexto Protocolo Adicional al ATIT, que modifica el régimen de sanciones para las empresas de transporte internacional terrestre. Esta actualización se centra en el artículo 6° del Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones, que clasifica las faltas en leves, medias, graves y gravísimas, estableciendo los montos correspondientes en dólares estadounidenses.
La situación económico-financiera actual de las empresas del sector de transporte automotor de pasajeros y cargas ha llevado a los Estados parte del ATIT a revisar los montos de las penalidades. La reducción de sanciones busca aliviar la carga sobre los operadores en un contexto de costos operativos elevados, sin alterar la clasificación de las infracciones ni el esquema general de control y fiscalización aduanera.
Impacto operativo para el comercio regional
Las actualizaciones tienen un impacto directo en los operadores logísticos, agencias de aduana y transportistas que operan en corredores viales internacionales, especialmente aquellos que conectan Argentina con los países vecinos del Mercosur, así como con Chile y Bolivia. La digitalización del MIC/DTA es particularmente crucial para los pasos de mayor volumen, donde las demoras documentales son uno de los principales cuellos de botella en la cadena de distribución terrestre.
La implementación efectiva de ambos protocolos dependerá de un proceso de coordinación entre las administraciones aduaneras de los siete países signatarios, lo que podría extender los plazos más allá de los 60 días formales. Si se logra adoptar regionalmente en tiempo y forma, el transporte terrestre internacional en Sudamérica contará con un marco normativo más ágil, con menores cargas documentales en frontera y un sistema sancionatorio más acorde con la realidad económica del sector.
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