La medida busca aliviar la carga fiscal y fomentar las exportaciones
El Gobierno nacional ha oficializado una reducción de retenciones a los principales complejos agrícolas y biocombustibles. Esta medida, que se implementará de manera escalonada, tiene como objetivo promover y proteger al sector agroindustrial.
A través del Decreto N° 423/2026, publicado en el Boletín Oficial, se ha dispuesto una reducción de la alícuota del derecho de exportación para soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada.
Además, se ha anunciado una alícuota 0 para productos del biodiésel a partir de 2027, incluyendo aquellos obtenidos de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, con el fin de diversificar y ampliar los mercados para los biocombustibles argentinos.
Para el trigo y la cebada, el decreto establece una reducción en los derechos de exportación de los granos, que pasarán del 7,5% al 5,5%. También se han definido nuevas alícuotas para productos derivados de ambas cadenas, como harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales, con tasas que varían entre 1% y 3,5%, dependiendo del tipo.
En cuanto al poroto de soja, la retención actual del 24% se reducirá gradualmente desde enero de 2027, alcanzando el 21% en diciembre de 2027 y el 15% en diciembre de 2028. Por su parte, el aceite de soja verá una disminución a partir de enero de 2027, pasando del rango actual de 18% a 22% a uno entre 11% y 14% hacia finales de 2028.
Para el maíz y el sorgo, algunas posiciones arancelarias quedarán exentas, mientras que otras verán una reducción de sus retenciones del 8,5% actual al 5,5% para finales de 2028.
En lo que respecta al girasol, el decreto establece recortes escalonados para semillas, aceites y otros productos derivados. Mientras ciertas variedades específicas quedarán exentas, algunas posiciones de aceite de girasol pasarán de tasas de entre 2,5% y 4,5% en 2026 a un rango de entre 1% y 3% para finales de 2028.
El Gobierno argumenta que la transformación de la política económica nacional requiere “adoptar medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica”.
El Ejecutivo ha destacado que, mediante los Decretos 526/25 y 877/25, ya se habían reducido de forma permanente los derechos de exportación de los complejos de soja, girasol, maíz, cebada, trigo y sorgo, incluyendo sus subproductos. Esto, aseguran, ha mejorado la situación económica de todos los actores de las cadenas de valor, incentivando el aumento de las exportaciones y el ingreso de divisas al país.
El Gobierno también sostiene que es necesario seguir generando condiciones favorables para la producción y el comercio exterior, facilitar la apertura de nuevos mercados y dotar de certidumbre a productores, elaboradores y exportadores.
Asimismo, se ha afirmado que los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo que debería eliminarse y que, en la medida en que el superávit fiscal lo permita, se irán reduciendo gradualmente hasta su desaparición.
El sector agroindustrial es considerado una de las principales fuentes de generación de divisas, desarrollo regional y empleo a través de las exportaciones. Se trata de un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación que busca brindar certidumbre, promover la inversión, incrementar la producción y consolidar la inserción internacional de Argentina.
Se prevé un esquema diferenciado según los ciclos productivos: uno de aplicación inmediata para los cultivos de invierno, dada la proximidad de la siembra, y otro para los de verano, con un cronograma posterior.
Estos períodos han sido diseñados para que, al momento de la comercialización, las reducciones de derechos de exportación estén vigentes, compatibilizando el compromiso de eliminación con una trayectoria gradual que no comprometa el equilibrio fiscal.
La medida busca fortalecer la competitividad de las cadenas de valor agroindustriales, alineando la política comercial con los principios de libertad y apertura, e impulsar el crecimiento del sector. La implementación de esta medida comenzará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su archivo.
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