Tras la reciente presentación del Súper RIGI por parte del Gobierno argentino, JP Morgan ha realizado un análisis exhaustivo del proyecto. El banco ha afirmado que este nuevo régimen supera al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones Original (RIGI) en cuanto a beneficios, aunque ha expresado dudas sobre su capacidad para atraer inversiones genuinas. Sin embargo, el informe también sugiere que el programa podría transformar la composición de la canasta exportadora del país.
Objetivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias busca promover el desarrollo económico, aumentar las exportaciones, fomentar la creación de empleo y potenciar las cadenas de producción locales. Este esquema requiere una inversión mínima de USD 1.000 millones y se enfoca en “nuevas actividades económicas”, que abarcan proyectos industriales, tecnológicos y servicios relacionados con infraestructura tecnológica y digital estratégica. JP Morgan considera que el alcance de este plan es “acotado y preciso”.
En su análisis, el banco ha destacado tres dimensiones clave de la propuesta:
- La extensión de la arquitectura de incentivos a sectores como infraestructura de inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada, donde Argentina ha estado históricamente ausente en las cadenas globales de valor.
- Mejoras significativas en las condiciones fiscales y regulatorias en comparación con el RIGI original.
- La eliminación de superposiciones con el RIGI existente, estableciendo reglas claras de exclusión para proyectos que se solapen.
Desde el punto de vista macroeconómico, JP Morgan ha planteado una pregunta central: “¿El Súper RIGI generará inversiones genuinamente nuevas o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un régimen más favorable?” El diseño del programa parece inclinarse hacia la adicionalidad.
Además, el banco ha señalado que los costos fiscales probablemente serán inferiores a lo que sus críticos sugieren, ya que el régimen se dirige a sectores donde Argentina tiene poca o ninguna base imponible, lo que implica que el Estado no está renunciando a ingresos existentes, sino que busca crear nueva recaudación.
Sin embargo, el camino político para la aprobación del Súper RIGI es más complicado que el del RIGI original, que fue aprobado como parte de un paquete legislativo más amplio. Se anticipa que la oposición se centrará en las restricciones fiscales provinciales y en la percepción de un sesgo a favor de los inversores extranjeros. A pesar de esto, el banco considera que la aprobación sigue siendo el escenario más probable.
Los analistas de JP Morgan también han calificado al Súper RIGI como un instrumento de política “bien diseñado y estructuralmente superior al RIGI original en términos de incentivos por proyecto”. Destacan aspectos como una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, reducción de contribuciones patronales, traslado ilimitado de quebrantos, plena libertad cambiaria desde el inicio, exenciones a derechos de exportación e importación, un horizonte de estabilidad de 30 años y acceso al arbitraje internacional sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Estas características refuerzan la credibilidad del régimen.
En conclusión, el informe de JP Morgan resalta que los riesgos asociados son principalmente políticos, no económicos, dado que el historial legislativo de Argentina en reformas favorables a la inversión es inconsistente. Si se aprueba, la primera generación de proyectos bajo el Súper RIGI podría representar un cambio estructural genuino en la composición exportadora del país, especialmente en áreas como infraestructura de datos, hidrógeno verde o química de especialidad.
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