El ministro de Economía, Luis Caputo, confía en que la Ley de Inocencia Fiscal no representa riesgos para los contribuyentes que decidan retirar los dólares del colchón, incluso ante un posible cambio de gestión en 2027. Sin embargo, ha notado que muchos contadores tienen preocupaciones sobre la redacción de la norma, lo que lo ha llevado a convocar una reunión con ellos el próximo jueves.
Aún no se han revelado los nombres de los contadores que asistirán al encuentro en el Palacio de Hacienda, pero se espera que algunos de los más influyentes en redes sociales estén presentes. Durante la reunión, los tributaristas también plantearán la problemática relacionada con las multas automáticas, según lo indicado por uno de los convocados que pidió permanecer en el anonimato.
La Ley de Inocencia Fiscal y sus implicaciones
Caputo ha mencionado que la Inocencia Fiscal es un proceso en el que muchos contribuyentes aún tienen dudas. “Vamos a tener una reunión con los contadores para abordar las cuestiones que ellos consideran que pueden mejorarse”, afirmó en una reciente entrevista.
Desde hace meses, los contadores han expresado su preocupación por los riesgos que enfrentan los contribuyentes que decidan retirar los dólares del colchón ante un posible cambio de gestión en 2027. De acuerdo a fuentes de Infobae, en la reunión participarán varios contadores, algunos de ellos conectados desde el interior del país a través de videollamada. Uno de los temas centrales será la definición de los ingresos anuales para el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), especialmente la necesidad de aclarar qué se incluye en el límite de hasta $1.000 millones. Los especialistas están a la espera de la publicación de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI), que aunque ya está redactado, aún no ha sido publicado oficialmente.
Además, existe inquietud entre los contadores sobre cómo se calcularán las diferencias de cambio, un aspecto que ha generado discrepancias significativas.
La promesa incumplida
Otro de los puntos que los contadores desean discutir son las multas automáticas, aunque se desconoce si el Ministerio de Economía tomará en cuenta sus planteamientos. Durante la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, se estableció un aumento del 100.000% en las sanciones por incumplimientos formales, penalizando incluso demoras de un solo día en la presentación ante el fisco nacional. Las sanciones que antes eran de $200 para personas físicas y $400 para personas jurídicas, ahora son de $220.000 y $440.000 respectivamente.
Durante el tratamiento de la Ley, los contadores advirtieron sobre los riesgos y costos que este cambio implicaba, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). El diputado de Unión por la Patria (UP), Guillermo Michel, solicitó que se introdujeran modificaciones para evitar tener que corregirlo posteriormente con otra Ley, pero el oficialismo ignoró este pedido debido a la urgencia por aprobar la normativa.
Después de que el proyecto recibió media sanción en el Senado, Caputo reconoció el impacto negativo de la medida y prometió, a través de la red social X, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enviaría un recordatorio antes de aplicar las multas. “Hablé con el equipo de ARCA y trabajarán en la reglamentación de una solución que consistirá en que, al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, en lugar de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA enviará un recordatorio por 10/15 días hábiles. Solo después de este plazo se intimará y aplicará la multa”, escribió el ministro en diciembre. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, comentó que la publicación de la instrucción generó confusión en el sector tributario. “Se generó confusión porque el ministro había dicho una cosa y las instrucciones decían otra”, expresó. Esto se debe a que el fisco no tiene facultades para graduar las multas o establecer diferentes valores según cada caso, y la instrucción se enmarca en esa limitación. En este contexto, el organismo ha decidido segmentar los plazos de espera para el pago de la multa en días corridos.
Para la gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal provocó un aumento sin precedentes en los montos de las multas formales. Este incremento del 100.000% ha alterado significativamente el impacto económico del régimen sancionador. Girardi indicó que para pequeños contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, una multa automática puede representar un monto considerable frente a incumplimientos meramente formales u ocasionales.
Girardi subrayó que la implementación real se ha desviado de lo prometido por el ministro. “En la práctica, lo que está ocurriendo no coincide con lo anunciado. En el mejor de los casos, la multa podría reducirse hasta un 50% si se cumplen ciertos requisitos, como abonarla dentro de un plazo determinado, pero no existe una verdadera graduación en función de los días de atraso ni una instancia de análisis individual del caso concreto.” Así, incluso aplicando la reducción máxima, los montos finales resultan de $110.000 para personas físicas y $220.000 para personas jurídicas, cifras que se alejan considerablemente de los valores históricos que existían antes de la reforma.
La controversia sobre la magnitud de las sanciones automáticas mantiene en vilo a los profesionales y a sus clientes. En este contexto, el ministro Caputo sostendrá una reunión el jueves con contadores, donde se buscará una solución, aunque la única alternativa viable podría ser enviar otra Ley al Congreso. En la misma también se abordarán los puntos débiles del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que celebró la adhesión de 80.000 contribuyentes en un universo de más de un millón, a menos de un mes del vencimiento.
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